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Primero es necesario reconocer que nuestro sistema de justicia es deficitario, está corrompido y ya ha caducado, por lo que requiere de una reingeniería completa, puesto que se observan numerosísimos jueces venales y díscolos, no pocos amedrentados y otros cuantos sin capacidad suficiente para decidir de forma idónea y objetiva en procesos que van desde simples hurtos hasta el que hoy nos motiva a emitir una opinión.

Sin embargo, nuestro sistema es deficitario no solamente por la existencia de algunos jueces malos y corrompidos, sino porque el Ministerio Público no cumple su trabajo y de forma inquisitiva y sin pruebas, muchas veces, busca sentencias condenatorias.

A ello, en el ámbito penal hay que agregar el gigantismo que se está registrando en nuestro país, es decir, la incontenible búsqueda de lograr que toda actitud humana sea objeto de prisión o sanción punitiva, cuando muchas pueden ser objeto de una sanción administrativa o de cualquier otro tipo.

También es cierto que en los 36 años de guerra no hubo matanzas provocadas únicamente por militares, los otros, muchos que eran agentes dobles y que se hacían llamar guerrilleros, estuvieron involucrados en enorme cantidad de crímenes de lesa humanidad, homicidios múltiples y otros similares.

No obstante, debemos entender que en Guatemala sí hubo genocidio porque en algunos de los municipios de occidente los militares barrieron con todo. TIERRA ARRASADA era la consigna de todos los gobiernos castrenses que desde 1960 buscaban exterminar la sombra del supuesto comunismo en el país.

Sí, en Guatemala hubo exterminio poblacional cultural y religioso (genocidio), pero cuántos y quiénes fueron los responsables, esa es la pregunta.

Estuvo Ríos Montt involucrado… seguramente. Pero fue sólo él, no. Faltan ahí los otros militares que dirigieron el Estado Mayor Presidencial, la G2, el Ministerio de la Defensa, exjefes de la Policía, ministros del Interior, y por supuesto los jefes de Estado y «presidentes» militares. Incluso algunos oficiales del Ejército que gobiernan el país en la actualidad también participaron en esa política de Estado de exterminio racial, cultural y religioso.

Que si son suficientes 80 años de cárcel, la verdad es que si Ríos Montt ordenó o ignoró una sola de las masacres, pues sí, 80 años son muy poco, pero, y si los masacradores, eran asesinos consuetudinarios, entonces cabe y crece la duda.

No pocas personas me han dicho que igual debe castigarse a los guerrilleros y en eso igualmente estoy de acuerdo, siempre que se compruebe que ellos son responsables de masacres como las que se les adjudican a militares y patrulleros civiles.

Negar que hubo exterminio, masacres y genocidio durante casi 36 años en Guatemala, es como negar que los mayas exterminaban a los vencidos.

Así pues que no podemos negar que hubo delitos de lesa humanidad, pero igualmente no podemos aceptar que se piense que sólo uno es el responsable. Allí, junto con Ríos Montt deben estar muchos militares y otros tantos guerrilleros que incluso fueron ministros y secretarios en los gobiernos de Portillo y Pérez Molina.

Finalmente, recuerdo que la sentencia pende de apelaciones y otras acciones legales que permitirán que dentro de algunas semanas se conozca finalmente una sentencia firme que dignifique a los guatemaltecos y otorgue la oportunidad de enfrentarnos, con lógicas diferencias, pero siempre como hermanos.

Si eso se logra con esta sentencia, Guatemala ha ganado.