La debilidad del sistema de justicia y la aplicación de la ley, junto con la corrupción endémica y la creciente actividad del crimen organizado contribuyen a un clima favorable para el lavado de dinero en Guatemala, de acuerdo con un informe de Estados Unidos, en el que se destaca que el tráfico de narcóticos y la corrupción son las fuentes principales de lavado, aunque también se incluye la trata de personas, el tráfico de armas, contrabando, secuestro, evasión fiscal y el robo de vehículos, como causas importantes del lavado.

Al difundir la estrategia para el control del narcotráfico internacional correspondiente al 2012, el Departamento de Estado definió a un país con gran lavado de dinero como «aquel cuyas instituciones financieras incurren en transacciones de divisas que involucran cantidades significativas de ganancias del tráfico internacional de narcóticos».

En la sección correspondiente a Guatemala, el Reporte Internacional para la Estrategia de Control de Narcóticos 2012, en el capítulo Lavado de Dinero y Crímenes Financieros, señala que en el país a pesar de no tener indicios de financiamiento de actividades terroristas, es un paraíso para el crimen organizado transnacional, al que se debe sumar la facilidad con la que los ciudadanos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua puedan transitar por las fronteras de tales países sin mayor control favoreciendo a los criminales y al contrabando.

El informe hace hincapié en las instituciones fuera de plaza de los bancos locales y en los depósitos que a pesar de hacerse en Guatemala, se consideran como que hubieran sido depositados en país extranjero. Menciona que en el país operan 17 zonas francas y que se esperan más en un corto plazo y además, destaca la gran cantidad de remesas que se reciben en el país. No se reportan, según el estudio que las zonas francas o las remesas, estén siendo utilizadas para lavar dinero.
 
Se destaca la alta vulnerabilidad que representan los casinos y establecimientos en donde se practican los juegos de azar a pesar de ser prohibidos en nuestro país, estableciendo que éstos representan un grave riesgo para el lavado de dinero. 

Asimismo, explica que el lavado de dinero siguió en aumento, especialmente entre los grupos de viajeros que por vía aérea se dirigían a países como Panamá, con un poco menos de US$10 mil –la cantidad que se debe declarar–, y un gran número de pequeños depósitos en bancos a lo largo de la frontera de Guatemala con México.

“Hay relativamente pocas condenas por lavado de dinero, la mayoría de las cuales son para el transporte ilegal de dinero en efectivo”, apunta el informe norteamericano, que coincide con la situación que reflejan las estadísticas oficiales.

Según un informe estadístico solicitado a Cenadoj (Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial, de Guatemala), entre los años 2010 y 2011, ingresaron a los órganos jurisdiccionales del ramo penal 224 casos por Lavado de Dinero u otros activos, pero de estos sólo se emitieron sentencias en 40 casos, de las cuales 27 fueron condenatorias y 13 absolutorias.
 
Esto representa un 18 por ciento de efectividad en los tribunales de sentencia penal en cuanto a la persecución penal del lavado de dinero.

La Hora solicitó información a la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, sobre los programas, la ayuda estadounidense para apoyar el combate al lavado de dinero y las recomendaciones necesarias para combatir de forma frontal y a conciencia el problema, sin embargo no se obtuvo una respuesta de esa sede diplomática.

DEBILIDAD
Carmen Aída Ibarra, analista del Movimiento Pro Justicia, considera que Guatemala carece de estrategias eficaces para afrontar los diversos fenómenos criminales que se desprenden de la delincuencia organizada transnacional, y que se han quedado en una situación vulnerable debido a su posición geográfica, como lo indica el informe.

“De manera que la sociedad guatemalteca y sus instituciones enfrentan desde hace ya varias décadas el embate paulatino de las organizaciones criminales, no solamente en materia de lavado de dinero, sino también en trasiego de armas y trasiego de drogas, con el tránsito ilegal de dinero de un país a otro”, enfatizó.

Para Ibarra, la situación ha afectado no sólo al país, sino a la región, ya que “no ha habido ninguna acción coordinada y armónica entre los presidentes de la región de Centroamérica y estos hacia otros países que tienen la misma vulnerabilidad en el problema como México, Colombia y otros”.

“Hemos dejado que los fenómenos criminales crezcan y que la penetración criminal en el Estado se fortalezca y ahora estamos sufriendo las consecuencias”, apuntó.

Más optimista, Rolando Rodenas, de la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público, explica que el trabajo de esa instancia contra el lavado no es independiente, sino que además cuenta con el apoyo de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), y los investigadores de la Policía Nacional Civil, además de especialistas de diversos ramos, como auditores forenses.

Según el jurista, una entidad de inteligencia financiera (IVE) es el brazo fuerte para establecer todas aquellas transacciones de origen sospechoso que se puedan estar dando en el sistema financiero y evidentemente, ofreciendo las reacciones penales en los casos que les lleguen.

El fiscal Rodenas mencionó que la mayoría de delitos genera un hecho pecuniario, –moneda o dinero que se genera de manera ilícita– pero que hay “ciertas estructuras criminales que dan un mayor porcentaje, por ejemplo el caso del narcotráfico, que es una de las mayores fuentes y parte del crimen organizado”.

Manifestó también que en la Fiscalía, Estados Unidos ha sido “un brazo que nos ha venido a coadyuvar en las investigaciones en relación al tema concreto del crimen organizado”. Sin embargo, Rodenas comentó que las tipologías relacionadas al lavado de dinero son de varias formas, y lo único que limita a la Fiscalía, en un carácter financiero en este tipo de delitos, es la imaginación.

“Debe entenderse que puede ser una estructura debidamente organizada, a través de las Offshore o empresas de papel, que resultan ser una fachada para poder darle a un dinero la apariencia de licitud para introducirlo al sistema financiero; o puede ser de una forma burda a través de llevarlo escondido en alguna parte del cuerpo, o a través de un zapato”, puntualizó.

SECRETO BANCARIO
Por otro lado, la analista Carmen Rosa de León considera que el secreto bancario promueve que se profundice en el lavado, pues “es lo que a veces impide que se tenga acceso a la información del manejo de cuentas en situaciones sospechosas para investigar de dónde pueden provenir los recursos”, comentó.

“También está toda la parte de la ausencia de supervisión a nivel inmobiliario, la actividad inmobiliaria donde se ve la construcción de grandes cantidades de edificios y que luego permanecen vacíos, pues se está construyendo sin que haya la demanda suficiente para llenar esas propiedades”, agregó la experta.

Para poder luchar contra este flagelo, De León manifestó que es fundamental un buen control por parte del Estado y verificar también hasta qué punto en Estados Unidos se utilizan los mismos procedimientos que se le imponen a estos países, pues “ellos mismos son los responsables usuarios de las utilidades del crimen organizado”, puntualizó.

“El lavado de dinero no es solamente producto del narcotráfico, es también resultado de la trata de personas, compra y venta de armamento, todo lo que es tráfico de drogas y crimen organizado”, señaló.

Carlos Vega, analista en seguridad de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), sostuvo que el informe emitido por Estados Unidos tiene un “trasfondo político, porque llegó después de que el Gobierno de Otto Pérez Molina manifestara su interés en debatir la despenalización de las drogas”.

También comenta que combatir el delito de lavado de dinero, no será posible si las entidades que lo combatan no funcionan de una manera correcta y eficaz, “como el caso de la Policía Nacional Civil”.