Yo, como muchos guatemaltecos, creo que es necesario modernizar nuestros servicios portuarios que se han estancado porque las autoridades se han preocupado por hacer negocios con particulares que les dejen buena plata, pero sin atender las necesidades reales de los puertos, en términos generales.

Pero creo que en Guatemala es inadmisible que bajo el argumento de que urge avanzar en la modernización de los puertos, caigamos en la trampa de un pragmatismo indecente que abre las puertas para más y mayores negocios.
 
 El Presidente habló ayer de que hay intereses legítimos e intereses mezquinos en la oposición al negocio del puerto. La nuestra es una oposición franca, abierta y totalmente legítima porque nos preocupa ese terrible precedente de que se busque a expertos en el vericueto legal, en la maniobra para burlar las disposiciones de ley, para acelerar procesos y realizarlos sin ninguna transparencia. No criticamos la privatización de la telefónica en sí, sino la forma en que se realizó el negocio y tampoco estamos contra una concesión para que particulares puedan invertir en la prestación de servicios eficientes en el Puerto Quetzal, pero sí en que se recurra al disfraz, se engañe a la población y se violente la ley.
 
 Sobre todo porque más grave que nuestro atraso en el puerto es nuestra situación administrativa de falta de transparencia. El Presidente de la República sabe que hay miles de procedimientos viciados en la administración pública y que los recursos se desvían en prácticamente todas las instituciones sin que los mecanismos de control funcionen y, peor aún, sin que el peso de la ley se pueda aplicar a quienes se alzan con los bienes y el dinero público. El mismo general Pérez Molina señaló la rampante corrupción del gobierno de Álvaro Colom, pero sabe perfectamente que esa corrupción ha sido institucional y que no se acabó cuando él tomó posesión del cargo.
 
 Sabiendo cómo se cocinan los negocios públicos tiene que ser extremadamente suspicaz cuando le presentan una opción que, acaso para ir más rápido o para evitar que los piratas del Congreso quieran sacar también su tajada, se ha manejado en medio de un secreto que, en un sistema como el nuestro, alienta la picardía y la corrupción. El general Pérez Molina sabe que nadie da ni recibe nada gratis. Se asumen compromisos y se reparten beneficios. ¿Quién y con qué criterios tasó el valor de las tierra que se están dando en usufructo y el pago por cada contenedor que se maneje en el puerto?
 
 ¿Está convencido el Presidente de que se logró el negocio más conveniente para el país, según se lo deben haber dicho sus funcionarios? La única forma de saberlo hubiera sido mediante un concurso público, una licitación o convocatoria de oferentes porque, según dicen los expertos en el mercado, sólo así se puede establecer lo que realmente vale este negocio y eso no se hizo porque primero hicieron el diseño de la terminal de contenedores y luego “apareció” la firma española pidiendo que le dieran en usufructo exactamente la misma cantidad de metros cuadrados que se establecía en el estudio propio del puerto. ¿Telepatía, fuga de información, tráfico de influencias? Vaya usted a saber, pero lo cierto es que pidieron hasta el último milímetro, ni más ni menos.
 
 Tener un puerto eficiente es importante y deseable, pero más importante y deseable es tener un país decente, en el que las cosas se hagan legal y éticamente. Y no olvide, general Pérez, que hasta los banqueros que se clavaron el dinero de sus ahorrantes tienen abogados que defienden lo que hicieron, por lo que encontrar a un leguleyo que defienda ese negocio no es cosa del otro mundo.