Lorena Ají­n fue una de las tantas detenidas en la ya famosa redada de Postville, Iowa. Al igual que ella, cientos sufrieron de la persecusión contra migrantes. Lorena, previo a ser capturada, intentó huir por noches de la policí­a migratoria; se refugió en la iglesia de Postville, pero al final de cuentas cayó. Dí­as después, fue deportada por no tener papeles.

Sin embargo, otros sufrieron peores consecuencias. Luego de no poder entregar sus documentos, las autoridades migratorias les iniciaban un proceso por haber adquirido un número de seguro social falso. í‰se fue el caso de José Hernández, quien padeció de la persecusión.

Su esposa, Maribel Hernández explicó que su esposo y padre de sus cuatro hijos, no sólo estaba listo para ser deportado, sino que previo a ello debió pasar cinco meses de cárcel, como si fuera delincuente, por haber tenido un número de identidad falso.

Tras la redada de Postville, las autoridades migratorias no los acusaban por estar indocumentados, sino que les iniciaban proceso por haber tenido un seguro social falso. Casualmente, a muchos se les encontraba que habí­an adquirido un número de seguro social falso para poder trabajar.

Y ese fue el mismo caso en otras redadas en otros puntos de Estados Unidos, no sólo contra guatemaltecos, sino que de migrantes de muchas nacionalidades.

UN CASO SIMBí“LICO

Josué Mej Ixen, uno de los inmigrantes guatemaltecos que fue detenido en Postville, fue liberado. Sin embargo, deberá estar bajo investigación, ya que es testigo material de los hechos, sobre todo por la duplicación de número de seguro social.

Luego de permanecer casi cuatro meses retenidos tras la redada en Iowa, en una empaquetadora de carne, Mej Ixen guarda prisión domiciliara y está controlado por un brazalete electrónico. Este inmigrante guatemalteco será testigo para el caso que se sigue por duplicación de identidad.

Mej Ixen podrá buscar un empleo y realizar su vida con normalidad. El guatemalteco servirá con su testimonio para el proceso en contra del gerente de la planta Agriprocessors, ya que está sindicado de conspiración e instigación para contratar migrantes indocumentados.

Este sospechoso, Juan Carlos Guerrero Espinoza, se confesó culpable de estos cargos, por lo que se prevé que podrí­a sufrir una condena de diez años de cárcel.

Por su parte, Mej Ixen por lo menos pudo salir del lugar donde estaba retenido, y podrá continuar dentro del paí­s. Sin embargo, no se sabe hasta cuándo estará ligado al proceso, ni tampoco se sabe qué pasará con él después.

Mientras tanto, el resto de los guatemaltecos detenidos deberán terminar con los cinco meses de condena a la que fueron impuestos, por duplicidad de identidad, para que, posteriormente, sean deportados al paí­s.

Esto luego de que fueran capturados en la empacadora de carne kosher más grande de Estados Unidos, en la referida ciudad de Postville, Iowa, en donde casi 300 guatemaltecos fueron detenidos.

LEY EN CONTRA

La Corte Suprema de Justicia estadounidense falló la semana pasada que el gobierno se extralimitó al usar una ley criminal que pena el robo de identidad para enjuiciar a trabajadores ilegales que usen documentos falsos para conseguir trabajo.

La Corte falló a favor del mexicano Flores Figueroa en un caso presentado por el gobierno. Para acusar a alguien bajo esa ley aprobada en 2004 «el gobierno debe probar que el acusado sabí­a que el documento de identidad pertenecí­a a otra persona», afirma la decisión.

Esta ley de robo de identidad -que conlleva una pena mí­nima de dos años de prisión- es utilizada muchas veces por fiscales para procesar a inmigrantes ilegales en Estados Unidos, donde hay 12 millones de indocumentados, la mayorí­a de ellos con origen hispano.

Flores Figueroa utilizó en el año 2000 un número de Seguridad Social inventado para conseguir un trabajo en una acerí­a en Illinois. Pero seis años más tarde, para seguir trabajando, presentó documentos con números que pertenecí­an a otras personas.

Durante el proceso en su contra, el acusado se declaró culpable de varios cargos migratorios –por los que pagó 51 meses de prisión– pero inocente del delito de robo de identidad, alegando que él no sabí­a que los documentos que utilizó pertenecí­an a otra persona.

El fallo de la Corte Suprema del lunes de la semana pasada invalidó uno anterior de una corte de apelaciones, que habí­a señalado que bastaba con que el gobierno probara que el acusado sabí­a que los documentos eran falsos, sin necesidad de conocer que pertenecí­an a otra persona.

El juez que escribió la decisión, Stephen Breyer, afirmó que su postura no afecta la lucha contra el robo de identidad, al señalar como ejemplo que las personas que usan tarjetas de crédito de otras personas lo hacen sabiendo que no les pertenecen.

La decisión de la Corte fue saludada por la ONG Fundación Estadounidense para las Leyes Migratorias.

La organización recordó que en 2008 el gobierno acusó a 300 trabajadores de Iowa de violar esta ley, por lo que ante la posibilidad de pasar al menos dos años en prisión, los acusados se declararon culpables de cargos menores y aceptaron ser deportados.