La decisión de decretar el estado de emergencia se tomó después de que el sábado, el presidente del Parlamento somalí llamó a los países vecinos (Kenia, Yibuti, Etiopía y Yemen) a desplegar sus tropas en el país en 24 horas, reconociendo que su Gobierno estaba «debilitado» por la insurrección islamista.
«Tras el recrudecimiento de la violencia (…), el Gobierno decidió declarar el estado de emergencia», dijo en una rueda de prensa el presidente, un islamista moderado electo a finales de enero.
Según un asesor presidencial, el decreto debe ser aprobado por el Parlamento para entrar en vigor, aunque por el momento se ignora cuándo será convocado el Legislativo.
Pero esta medida podría no modificar gran cosa a la situación en la que se encuentra el Gobierno, el cual sólo controla algunas regiones del centro de Somalia y barrios estratégicos de la capital (como el palacio presidencial, el puerto y el aeropuerto), protegidos por soldados de la fuerza de paz de la Unión Africana (AMISOM)
Los islamistas lanzaron el 7 de mayo una ola de violentos ataques contra el Gobierno de Ahmed, que en los últimos días costaron la vida a varios altos funcionarios.
Los fuerzas progubernamentales llevan a cabo desde el 22 de mayo una contraofensiva que choca con una fiera oposición de los rebeldes.
Los últimos tres días, tres altos responsables del Gobierno murieron en una serie de ataques, entre ellos el ministro de Seguridad Interior, Omar Hashi Aden, asesinado el jueves en un espectacular atentado suicida en la ciudad de Beledweyne (300 km al norte de Mogadiscio) en el que murieron otras 19 personas y que fue reivindicado por el grupo de los islamistas radicales de los «shebab».
La AMISOM, compuesta de soldados ugandeses y burundeses, está desplegada desde marzo de 2007 esencialmente en Mogadiscio, pero sufre una grave falta de efectivos. Es la única fuerza extranjera desplegada en Somalia.
La Organización de la Conferencia Islámica (OCI) llamó el domingo a una acción urgente de la comunidad internacional en Somalia frente al avance de los islamistas radicales, que amenazan la sobrevivencia del gobierno de transición en ese país.
En un comunicado, el secretario general de la OCI, Ekmeleddin Ihsanoglu, subrayó que «se ha vuelto inevitable que la comunidad internacional intervenga de inmediato (en Somalia) para apoyar al gobierno de transición en la tarea de restablecer el orden en el país y aliviar los sufrimientos de los civiles inocentes».
Exhorta a los 57 Estados miembros de la OCI a dar su ayuda al gobierno del presidente Sheikh Sharif Ahmed, islamista moderado elegido a fines de enero, contra quien los insurgentes intensificaron su ofensiva, lanzada el 7 de mayo.
Al mismo tiempo que garantiza al gobierno de transición «la solidaridad inquebrantable» de la OCI, Ihsanoglu «condena en términos muy vigorosos las acciones de los insurgentes, los actos terroristas contrarios a los valores de paz y de reconciliación preconizados por el islam».