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Los siete procesados están acusados de delitos de genocidio, asesinato y detención ilegal, según recoge un auto del juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional, que reabre una de las páginas más negras de la dictadura en Chile (1973-1990) y que se incluyó en el viejo sumario con el que Baltasar Garzón trató de procesar a Pinochet en 1998.

Entre los imputados figuran Manuel Contreras, ex jefe de la temida policía secreta Dina y actualmente en prisión, Jaime Lepe Orellana, un ex coronel que fue asistente de Pinochet, y Michael Townley, un estadounidense vinculado a los servicios de inteligencia chilenos que pasó cinco años en prisión por su complicidad en el asesinato del ex embajador chileno Orlando Letelier y su asistente en Washington en 1976.

El juez Ruz los relaciona con la tortura y asesinato en 1976 de Soria, quien trabajaba en Chile como funcionario de Naciones Unidas en la Comisión Económica para América Latina (Cepal).

Según el auto de Ruz, el régimen relacionaba a Soria con el Partido Comunista. Tras varios días de seguimientos, agentes de la Dina que vestían uniforme de carabineros detuvieron a Soria en su vehículo bajo pretexto de una infracción de tráfico.

El diplomático español fue trasladado a una vivienda secreta. Fue maniatado y torturado durante varias horas en un interrogatorio dirigido por Lepe Orellana, en el que Soria sólo alcanzó a murmurar las palabras «pobre Chile», dijo el magistrado.

Horas después, fue «estrangulado manualmente».

Para camuflar su muerte y hacerla pasar por un accidente de tráfico, siempre según el relato de Ruz, los agentes inyectaron a Soria media botella de pisco –aguardiente de uva– y arrojaron el cadáver y su vehículo a un canal.

Por su participación directa o intelectual en los hechos el magistrado procesó a Contreras, Lepe Orellana, Townley, Guillermo Humberto Salinas Torres, Pablo Belmar Labbe, Patricio Quilhot Palma y José Remigio Ríos Sanmartín.

Además de dictar órdenes de detención, pidió su extradición a Chile y Estados Unidos.