La designación del señor Erick Archila como nuevo ministro de Energía y Minas obliga a abordar el tema del compromiso público que reiteradamente hizo el Presidente electo Otto Pérez Molina, en el sentido de aumentar los beneficios para el país derivados de la explotación minera y ese asunto no puede quedar en el aire como una simple expresión de campaña, sino que forma parte de un mandato claro y definido que se generó en las urnas.
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Desconozco las credenciales del señor Archila para dirigir el Ministerio de Energía, pero es bueno repetir algo que he dicho en varias oportunidades, al advertir que ese ministerio es uno de los que realizan los más grandes y jugosos negocios en toda la esfera pública y por la manera seudotécnica en que manejan los negocios y redactan acuerdos y concesiones, mucha gente no se llega a enterar de los manejos que han ocurrido en esa instancia que tiene que ver desde la estructura de precios del petróleo hasta las cuestiones de generación y distribución de energía eléctrica, pasando, por supuesto, por los muy lucrativos negocios de la minería.
En realidad se trata de una dependencia que por el giro mismo de sus facultades en todo lo que ve se puede hacer un jugoso negocio y de hecho así ha ocurrido sin que la opinión pública le ponga el ojo a lo que hacen las autoridades y aun los subalternos, los técnicos que con años de estar haciendo lo mismo, son verdaderos expertos y conocedores de la forma en que se hacen las cosas.
Romper con ese molde de procedimientos requiere no sólo de capacidad para detectar por dónde es que se están llevando las cosas, sino que además mucho carácter y entereza porque, repito, no es un ministerio en el que “de vez en cuando†caiga un negocio, sino que se trata de una dependencia en la que el titular tiene que estar sabido que toda resolución tiene sus bemoles y que atrás de cada firma puede ir el trinquete, el tráfico de influencias, el beneficio exagerado para alguien.
Volviendo a la promesa que hizo Pérez Molina sobre aumentar la participación para Guatemala de los beneficios de la minería, es fundamental que se haga un estudio comparativo de lo que en otros países se recauda vía regalías y pago de impuestos para determinar las diferencias existentes con Guatemala. Y buscar la equiparación con lo que obtienen aquellas naciones que supieron negociar con habilidad y patriotismo con empresas mineras que se llevan recursos no renovables que, ciertamente, deben ser explotados porque no causan ningún beneficio en las entrañas de la tierra, pero que no pueden irse sin dejar una compensación justa, equitativa y razonable.
Todo ello sin perjuicio de que, además, tiene que haber un trabajo serio de control en el tema ambiental. Al menos la designada ministra de Ambiente ya ha dicho que su cartera tendrá mucho trabajo en la fiscalización del cumplimiento de los estudios de impacto ambiental para garantizar que en la práctica no haya daños irreparables a la ecología guatemalteca ni a la salud de los guatemaltecos.
Por supuesto que hay que entender que la Contraloría de Cuentas, que ni siquiera sirve para cuadrar las partidas de gastos, mucho menos capacidad tiene para fiscalizar los trinquetes sofisticados que se hacen en los complejos temas de la energía y de las minas, donde todo se puede arropar en un lenguaje que resulta ininteligible porque así es como los técnicos hacen para borrar las pistas de acciones no sólo onerosas para el país, sino que muy lucrativas para los que tienen el encargo de firmar las resoluciones.