En un mundo atacado por virus mortales como la influenza porcina, que por cierto, según fuentes internacionales, dejan a Donald Rumsfeld, secretario de Defensa durante el gobierno de George W. Bush, millones y millones de dólares en ganancias por ser propietario de «la vacuna» que hoy el planeta necesita; cientos de males y pestes que desde años atrás destruyen a la humanidad, parecen esfumarse como por arte de magia.
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Pestes y males que hacen vibrar los huesos, sudar las manos y temblar hasta las entrañas de los que no cuentan con la certeza de un mañana mejor, o al menos, la esperanza de saber que por algo se avanza y de un momento a otro, la vida no penderá del «destino».
Entre las cosas que durante esta semana de agitación viral quedaron rezagadas, gracias al show mediático de los cerditos, una ley que propone crear un sistema nacional de desarrollo rural integral, pasó sin pena ni gloria.
Esta propuesta deja entrever la responsabilidad del gobierno sobre el tema tierra, otorgándole una categoría de política estatal, que en efecto, tendría un impacto efectivo pero sobre todo real en la problemática.
Es seguro, que con una propuesta de ley, la actividad humana, pero principalmente la de grandes dimensiones comerciales, estaría regulada para evitar que se termine con la naturaleza a través de actividades de aprovechamiento y enriquecimiento a costa de los recursos naturales y se daría un lugar merecido a la cosmovisión e importancia que los pueblos otorgan al entorno.
Es evidente que en nuestros países la explotación desmedida de esos recursos violenta a toda vista los derechos humanos fundamentales.
Casos como el de las areneras, que se comen los cerros de Villa Nueva y cuyos estragos son evidentes, incluso desde puntos tan distantes como el mirador de Carretera a El Salvador, en el kilómetro 11, mientras las comunidades cercanas sufren a diario con nubes del polvo residual de la extracción, que repercuten en su salud y deterioran su calidad de vida.
Y por qué dejar de mencionar a las grandes empresas que con el único fin de incrementar sus ganancias, arrebatan, queman y talan un sinfín de hectáreas de bosques en nombre de abrazos de azúcar y besos de palma africana.
La tierra es castigada. Y es la misma tierra, como recurso natural y humano el principal eje de cientos de conflictos siempre postergados. Por este tema se ha reprimido, perseguido, encarcelado y hasta ejecutado extrajudicialmente a la población que exige resolver sus demandas.
Los últimos estudios sobre tenencia de tierra, revelan que 92.06% de las y los pequeños productores ocupan el 21.86% de la superficie, mientras el 1.86% de los productores comerciales ocupan el 56.59%.
Por lo tanto, su concentración en pocas manos y la efectiva sobreexplotación, donde también se debe incluir la explotación de la persona, urge de políticas gubernamentales que la regulen.
En pleno ejercicio de los derechos ciudadanos, desde la voz y poder que genera la colectividad, se debe trabajar y exigir por un modelo de estado que ponga reglas claras, por el fortalecimiento de instituciones que garanticen la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, en un marco que permita incrementar la riqueza, el pleno empleo de esos recursos y la equitativa distribución del ingreso nacional a toda la población.