Ante la coyuntura actual, en la que se discute la aprobación del Presupuesto 2010, quisiera proponer algunas reflexiones sobre la importancia que se da a tres grupos de la población, en el abordaje de las finanzas públicas, a partir de hechos que han sido analizados por los distintos sectores: las mujeres y la población indígena y campesina.
Nuestra democracia representativa no ayuda mucho cuando de lo que se trata es de que se priorice a sectores mayoritarios de la población y que tendrían que ser atendidos, sí o sí. Para esto es interesante revisar algunos hechos.
Mi Familia Progresa, se supone es la apuesta por la población más vulnerable y postergada del país. Sin embargo, en el caso de las transferencias condicionas, un estudio del Instituto de Estudios Agrarios y Rurales -IDEAR-, señala que de los primeros 46 municipios priorizados, habían varios que no están calificados como población en extrema pobreza, lo cual fortalece el argumento de que estos programas se utilizan para clientelismo político.
Lo mismo ocurre para el programa ProRural, el cual se supone debe asistir a las y los productores agrícolas de infrasubsistencia y subsistencia, que a la fecha se estiman en un millón de personas. Sin embargo, tampoco ha llegado a todos los municipios priorizados por Mi Familia Progresa -donde se supone hay más necesidad- y los requisitos para acceder a los bonos de fertilizantes tampoco facilitan a la población productora resultar beneficiada.
Como hecho paradójico, este año se aprobó la Política de Desarrollo Rural, que es el resultado de un consenso entre el movimiento campesino y el Gobierno. Sin embargo, salieron con que para aplicar esta política no hay recursos.
Es increíble, que cuando hay oportunidades de aplicar programas integrales, que tienen el respaldo y son impulsados por los grupos interesados -la población más vulnerable- y que esperan sacarle el mejor provecho, resulta que para eso no hay fondos. Entonces no les extrañe que un aumento de la desnutrición crónica en el futuro.
Por otro lado está la educación. Los estudios del Proyecto de Desarrollo Santiago -PRODESSA- dan cuenta que no ha habido avances en las recomendaciones del relator de la educación que visitó el país y el 2008, y planteó «La inclusión en la política educativa de un plan transversal de género, que fomente la inclusión de educación sexual y reproductiva en el currículum educativo»; así como la que se refiere a «Formular un sistema de atención efectiva de las niñas y niños indígenas que se han desplazado por diferentes motivos a las grandes ciudades, particularmente la capital, con el fin de mitigar la pérdida de identidad y la aculturación».
La falta de educación sexual en las mujeres, y la pérdida de la identidad de los pueblos indígenas son problemáticas que afectan fuertemente sus vidas. Sin embargo, esto no parece prioridad para quienes conducen el Estado.
Cabe señalar que la gratuidad de la educación promovió, en 2009, un crecimiento de la matriculación de niños y principalmente de niñas, que lamentablemente son menos priorizadas por sus familias en el área rural. Esto deriva en un desafío: si el Estado no sostiene estos programas, los mayores índices de deserción escolar serán para las niñas. Y los programas de alfabetización para adultos tienen más participación de mujeres, precisamente por esta situación de deserción, y es otro programa sin presupuesto y cobertura.
Mi llamado es pensar en el futuro del país y fortalecer el apoyo a estos grupos.