Creemos que una de las cuestiones más importantes para actualizar nuestra legislación en el campo de la salud es lo relacionado con el trasplante de órganos cadavéricos, lo que significa que hace falta una normativa adecuada para que se pueda dar la donación de órganos tanto dispuesta por la persona antes de su muerte, como por familiares luego de que la misma haya ocurrido. De hecho, se emitió un reglamento con la mejor de las intenciones a fin de regular el procedimiento y hay malestar porque el mismo fue declarado inconstitucional y afecta el esfuerzo que los médicos realizan para salvar vidas.

Somos entusiastas en cuanto a la idea de que se pueda en Guatemala realizar trasplantes de órganos provenientes de personas que han muerto porque sabemos que ello ayudará a salvar muchas vidas y porque sabemos, además, que en el campo de la medicina disponemos de profesionales de primera calidad para realizar tan complejos procedimientos y equipo suficiente para lograr exitosas intervenciones.

Y como pasa muchas veces, ocurre que la ciencia avanza más rápido que la legislación y por ello ahora nos encontramos con un vací­o importante porque no existe una adecuada normativa para que esos procedimientos se hagan de acuerdo a un protocolo que vele por la ética y por la calidad técnica. Pero la solución, por supuesto, no puede ser que el fin justifica los medios y que, en ausencia de la legislación adecuada, se recurra a otras ví­as para «subsanar» la deficiencia. Lo que urge es entender que se trata de una cuestión de trascendencia y urgencia nacional en la que el legislador debe actuar sin dilaciones porque no podemos caer en la tentación de obviar el marco legal necesario ni de buscar subterfugios.

Uno entiende el malestar y la frustración de los médicos que ven cómo legalismos que pueden parecer tontos y de poco contenido se interponen en su esfuerzo por salvar vidas, aunque ya vimos que el mayor problema ahora es que a falta de una norma adecuada, queda a criterio de los profesionales de la medicina tomar decisiones que vienen a ser algo así­ como decidir sobre la vida y la muerte. No se puede prolongar por más tiempo esa situación y es preciso que en el marco legal se establezca una normativa adecuada sin vulnerar la Constitución de la República y para ello el Ministerio de Salud deberá buscar abogados eficientes que propongan un marco regulatorio que no colisione con nuestra ley fundamental. Es un clavo que para vender una empresa del Estado jugando la vuelta a la Constitución se haya contado con asesorí­a de primer orden, pero que para normar los transplantes de órganos cadavéricos se deje el tema al criterio de la gí¼izachada.

La cantidad de vidas que se pueden salvar sin que los médicos tengan que pasar por ese dilema moral y ético de sus decisiones amerita que se haga un esfuerzo serio por normar el tema con profesionalidad y diligencia.