El doctor Jorge Mario García Laguardia, actualmente profesor de posgrado en derecho constitucional de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ex presidente de la Corte de Constitucionalidad, ex procurador de los Derechos Humanos y autor de varias publicaciones en derecho constitucional, aborda el tema de la reforma constitucional planteado en la agenda de los partidos políticos y del aprovechamiento de los grupos de poder para manosear el texto constitucional en su propio beneficio.
Diferentes sectores se han pronunciado en pro de una reforma constitucional, ¿cree que es necesario impulsarla?
Uno de los errores históricos en Guatemala es creer que las crisis se resuelven con reformas constitucionales. Lo que hay en el fondo, es una agenda escondida y lo ha habido en la historia de las reformas constitucionales.
La primera reforma se hizo en 1851 para declarar la presidencia vitalicia de Rafael Carrera, las del periodo liberal para prolongar el período presidencial y autorizar la reelección presidencial. La del 41, en la época de Ubico, era un simple artículo que decía que el período del Presidente terminaba el 15 de marzo de 1949.
En 1994, se planteó con la mampara que iba a servir para la depuración del poder público. Los dueños de los bancos y sus abogados, aprobaron un artículo, en el cual le prohibían al banco central prestarle al gobierno para obligar a prestarle a los bancos privados, lo cual ha sido un negocio impresionante.
Además destruyeron el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia estableciendo la elección anual de su presidente, convirtiéndola en un organismo de elección permanente, sin dejar a los magistrados dedicarse a aplicar justicia en el país.
Pero ahora se argumenta que servirá para la refundación del Estado.
Las reformas constitucionales siempre son mañosas, tienen una agenda escondida. Creo que la Constitución no hay que tocarla, es buena, terminó con el régimen de exclusión política y estableció mecanismos internos para ser desarrollada y aplicada; así como para buscar consensos. Ordena que se dicten más de 40 leyes constitucionales que hasta la fecha no se han emitido. Hasta que esas leyes hayan sido autorizadas por el Congreso y cuente con dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad podría pensarse en una reforma constitucional.
Pero no sólo los políticos quieren una reforma a la Constitución, pro-reforma está planteando también una serie de modificaciones.
En el caso del movimiento pro-reforma que dirige el licenciado Manuel Ayau y una de las universidades privadas, veo clara la situación. Ellos están inconformes con una Constitución que plantea muchos derechos y garantías y pretenden limitarlas. De acuerdo con el principio de esa Universidad, sus abogados y de ese grupo, el Estado debería estar limitado a garantizar la seguridad y el orden para que ellos realicen sus actividades y sus negocios. Aquí hay un movimiento muy claro de buscar la limitación de los derechos que tanto ha costado ser reconocidos en la Constitución.
El proceso de constitucionalismo social se inició con la revolución de 1944 y con la Constitución de 1945, en la que por primera vez se reconocieron los derechos económico sociales de la población y algunos derechos de la tercera generación. Todos estos se reconocieron también, en alguna medida, en la Constitución de 1985 y se ampliaron, como el reconocimiento al derecho al medio ambiente.
Ellos consideran que esto no debe estar en una Constitución. El señor Ayau permanentemente está diciendo eso en su columna y en el centro de estudios que inauguraron hace muchos años, CIEN por sus siglas, se vive planteando estos problemas, son reivindicaciones de una clase empresarial que está en contra de los derechos de las mayorías en Guatemala.
¿Y a esta agenda estarían respondiendo los políticos que plantean la posibilidad de una reforma?
Algunos de los políticos representan esos intereses indudablemente, pero en los políticos hay muchas opiniones con muchos matices, algunos de buena fe caen en la trampa histórica de creer que todas las crisis políticas deben solucionarse con reformas constitucionales. Las crisis se solucionan aplicando la Constitución, cumpliéndola, respetándola. Si aplicáramos la Constitución y la cumpliéramos, muchos problemas políticos que ahora están sobre el tapete de los medios de comunicación y de la opinión pública, no los estaríamos viviendo, no estaríamos en crisis.
¿En realidad vivimos una crisis?
Vivimos una crisis permanente, desde la independencia estamos creando un país, por eso algunos científicos sociales europeos y norteamericanos hablan de nuestros países como no Estados porque todavía falta crear el Estado nacional que quisimos empezar a formar a partir de la independencia.
¿Y para crear el Estado no se necesita un verdadero marco constitucional que le de vida?
En algunos países decía un escritor alemán, las constituciones son disfraces porque no sirven para garantizar los derechos de las personas, ni para establecer el equilibrio del poder, sino para ocultar poderes fácticos de intereses económicos privados, esas son las constituciones semánticas porque solo tienen el nombre, pero en el fondo no responden a las finalidades para las que fueron emitidas.
¿La de nosotros cuál sería?
Es una típica constitución nominal, un programa de gobierno que tenemos que ir realizando, aunque cuesta porque hay muchos intereses que se oponen. Por ejemplo aquí, una ley de comunidades agrarias era muy importante hacerla, ya han pasado más de 20 años y no se hace.
Reconocer los derechos laborales en la Constitución de 1945 fue una verdadera batalla librada por Arévalo, se establecía que la jornada era de 8 horas, descansar el séptimo día, que las mujeres recibieran atención en salud pública y su descanso pre y posnatal. Eso costó una gran batalla pese a que en la Constitución estaba ya ordenado; así como el establecer el Seguro Social, el cual quieren privatizar. Si lo hacen, aquí se muere la tercera parte de la población que no tiene dinero para ser atendida.
¿Cómo podría un ciudadano común oponerse a una reforma que perseguiría, tal como usted lo plantea, una agenda escondida?
Ese es uno de los grandes problemas de este país, la falta de ciudadanía que dicen los sociólogos, la falta de conocimiento de lo que es la Constitución y de la importancia que tiene caer engañado en estas discusiones que en el fondo tienen una agenda escondida, en este momento es una agenda escondida de los grandes intereses económicos que quieren suprimir derechos de la población.
¿Una reforma no se puede hacer sin que pase por las manos de los políticos, ellos sirven a esos grandes intereses?
No deberían.
¿Pero lo hacen?
Silencio.
¿Qué motivaría a estos sectores el impulsar esa agenda escondida?
Esos sectores están actuando en defensa de sus propios intereses económicos y no los del país. Los políticos deben ser estadistas que representen los intereses de todos y el Estado es la única institución que puede defender a los pobres que son la mayoría de este país, por eso yo creo que debe haber un gran esfuerzo para rescatar el valor del Estado, el valor de la política y de los auténticos políticos para gobernar para todos, no para unos solos y no utilizar al Estado como una pantalla para realizar negocios privados.
Si no es necesaria la reforma, podría ser que los políticos la propongan sólo como tema de campaña
Si auténticamente están interesados que abran un proceso de consulta amplia y larga para discutir la necesidad de una reforma. Después de esa discusión amplia y larga y que nunca debe hacerse en el momento de un proceso electoral, sino en el inicio del próximo gobierno, entonces con mucha tranquilidad se puede discutir todas estas cosas y tomar la decisión. Aun así, no hay necesidad de realizar ningún cambio, sino aplicar adecuadamente esta Constitución y respetarla.