Los sucesivos informes que sobre nuestra realidad se han presentado en las últimas semanas han sido a cual peor y más dramático, puesto que si hablamos del desarrollo humano o si lo hacemos de la inequidad en el país y del respeto a los derechos humanos, tenemos que terminar aceptando que si algo caracteriza a nuestra condición de estado cuasi fallido es la incapacidad para mejorar en áreas que son sensitivas y en las que es más urgente la labor social para superar viejas estructuras que tanto daño hacen.
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En el tema de los derechos humanos es importante ver cómo caló en nuestra sociedad la contrapropaganda que se lanzó para desvirtuar el tema cuando se impulsó una acción universal para promover el respeto al elemental derecho a la vida y a la libertad. Los regímenes más represivos del mundo, entre los que se contaban los nuestros de la segunda parte del siglo pasado, acuñaron la tesis de que la protección de los derechos humanos era una cortina de humo para proteger a los delincuentes y gente de mal vivir en perjuicio de la gente honrada y trabajadora. Hoy en día son muchos los que en Guatemala creen de manera ferviente que el doctor Sergio Morales y toda la Procuraduría de los Derechos Humanos no se ocupan más que de velar por los derechos de los criminales, de la gente que se encarga de atentar contra el resto de la población. Hasta se les reclama que en vez de estar protegiendo a la gente pacífica que sufre diariamente la labor de los criminales, están condenando acciones de limpieza social o linchamientos que ellos ven como mecanismo de defensa ante la proliferación del crimen.
Efectivamente, en el tema de la limpieza social se consolida la controversia, porque generalmente se dirige en contra de personas que son o parecen delincuentes y grupos que operan a la sombra del Estado o cuando menos con su protección, los eliminan para que no hagan más daño. Cuando los activistas de derechos humanos, con el Procurador a la cabeza, condenan esa práctica porque no respeta el debido proceso y porque pone en serio peligro la vida de muchos inocentes, la ciudadanía contaminada por la prédica en contra de la protección de los derechos humanos salta y alega que por enésima vez el tema se usa para defender a criminales.
Lo que se defiende en esos casos no es al criminal sino al Estado de Derecho, a las garantías mínimas que deben existir en cualquier sociedad para asegurar la pacífica convivencia y evitar excesos y abusos. No se nos ocurre pensar que un día de tantos esos escuadrones de la muerte, por una falsa delación, por equivocación o por alguna venganza, pueden actuar en contra nuestra o de algún familiar porque, al fin y al cabo, no existe medio de control ni garantía para ningún miembro de la sociedad.
Explicar el sentido de la defensa y protección de los derechos humanos, para revertir esa creencia de que es una invención de quienes quieren dañar a la sociedad defendiendo sólo a criminales, debiera ser una tarea esencial no sólo de los activistas y de funcionarios que tienen ese encargo puntual, sino de todos los que aspiramos a la consolidación del Estado de Derecho. No podemos avalar, bajo ninguna circunstancia, las ejecuciones extrajudiciales por mucho que se dirijan contra traficantes, mareros o miembros del crimen organizado. Proteger los derechos humanos es, en última instancia, asegurar el imperio de la ley.