Por principio creo que la libertad de prensa es apenas un apéndice de la garantía universal del derecho a la libre expresión del pensamiento que es mucho más amplio porque no se puede negar que es más importante que la población tenga formas y libertades para manifestar sin cortapisas ni censura su pensamiento que asegurarle a los periodistas, quienes conformamos la prensa, la posibilidad de ser los usufructuarios de ese derecho.

La Prensa, como institución es, por naturaleza, baluarte en la lucha por la defensa de la libertad de expresión, pero no existe un patrón para meter en el mismo costal a todos los medios de comunicación ya que es indudable que existen diferentes agendas que van desde la puramente comercial hasta la que se concibe como un servicio para propiciar información balanceada y objetiva, además de ser canal para las distintas expresiones que reflejan el sentir de una sociedad.
 
 En ese sentido se puede afirmar que no siempre el país que tiene más amplia libertad de prensa es el que mejor garantiza el derecho ciudadano a la libre expresión porque hemos visto cómo en ocasiones la agenda de los medios de comunicación se casa con la de los poderes decisivos de una sociedad. Nos pasó a nosotros durante el conflicto armado interno, cuando por conveniencia o por temor, la prensa se sometió a una fuerte autocensura que impidió la discusión de los asuntos más importantes de la vida social. Le está pasando ahora a Estados Unidos, donde en el marco de la lucha contra el terrorismo se pone en la balanza la necesidad de limitar algunas libertades para garantizar la seguridad de los habitantes y en las encuestas se nota que casi la mitad de los ciudadanos está a favor de restricciones de las libertades, incluyendo la de libre expresión y de libre acceso a fuentes de información, especialmente vía internet, con tal de ejercer un control más severo sobre los grupos calificados como terroristas. El atentado de Boston ha dado nuevo impulso a la política de seguridad que se planteó tras los atentados de septiembre de 2001, cuando se implementaron acciones restrictivas como las que persisten sobre los pasajeros de aviones comerciales.
 
 En Guatemala, como resultado de la intervención de 1954, tuvimos una Ley de Defensa de las Instituciones Democráticas que prohibía en la práctica no sólo la libre expresión por considerar subversivas ciertas ideas, sino que impedía el acceso a informaciones que según la ley estuvieran contaminadas de ideas totalitarias. Eso no impidió el surgimiento de una importante corriente revolucionaria que participó en ese doloroso conflicto armado interno que aún nos tiene divididos. Yo pienso que las restricciones a la información no son en absoluto garantía de seguridad interna porque quienes quieren propagar el terror siempre tendrán los medios de encontrar adeptos y éstos serán más proclives a comprometerse en la medida en que han sido objeto de represión del poder público.
 
 En cambio, la amplitud para informarse, la amplitud para expresarse, permite que por medios totalmente democráticos y pacíficos se puedan ventilar los asuntos de interés público sin necesidad de recurrir a la violencia. Creo que la prensa tiene una obligación en el sentido de asegurar no sólo la libertad de expresión para los periodistas, sino garantizarla para los grupos sociales y, sobre todo, tiene una especial obligación en cuanto al derecho de los pueblos a estar informados, lo cual constituye una especie de contraprestación que se establece para quienes ejercitan la libertad de prensa.
 
 La libertad de prensa, entonces, únicamente tiene sentido y se justifica si se pone al servicio de la comunidad que tiene derecho a recibir información veraz.