Ayer un testigo en el caso de Pavón fue asesinado pocos dí­as después de haber salido de la cárcel y rápidamente los investigadores dijeron que el crimen era resultado de su actividad delincuencial y no de su papel como testigo en un caso tan especial y paradigmático.

Lo que vemos en Guatemala es que aun y cuando en contados casos se ha avanzado y realizado investigaciones serias y profundas, el poder de los grupos paralelos y su influencia en el aparato de justicia hace que todo el fruto de esas investigaciones sea tirado por la borda a la hora de que un juzgado evalúa las acusaciones y decide otorgar medidas sustitutivas o ligar a proceso por puras superficialidades a los criminales, garantizando así­ que en el peor de los casos la pena serí­a ridí­cula y que podrán gozar inmediatamente de libertad.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ha realizado investigaciones profundas en varios casos que están siendo procesados en los Tribunales de Justicia, pero no es extraño ver que pese a las pruebas contundentes, los jueces terminan cediendo a presiones. Una presión muy fuerte puede ser la amenaza contra la vida de los juzgadores, puesto que estamos hablando del verdadero crimen organizado. No se trata de pandillas de robacarros o de mareros, sino se trata de grupos que han manipulado a toda la institucionalidad del paí­s y que tienen copados a sectores enteros con los que hacen alianzas. Incluyendo, desde luego al mismo gobierno, entendiendo como tal no únicamente al de ílvaro Colom, sino a los gobiernos con los que han pactado y trabajado, aunque obviamente las mayores influencias se han dado en los regí­menes de Portillo y del actual mandatario.

La CICIG ha sido ciertamente un instrumento valioso para desenmascarar esa situación, pero evidentemente es insuficiente para enfrentar a un poder que sigue siendo muy grande. Por ello es que es fundamental que la ciudadaní­a entienda la dimensión del problema, porque tarde o temprano terminará la gestión de la CICIG y aunque la comunidad internacional está muy clara de lo grave que es la situación guatemalteca por la existencia de poderes paralelos tan influyentes y decisivos, poco se puede hacer si las instituciones de justicia no cumplen con su función y ceden, sea por compromisos, por complicidad o simplemente por temor.

Como dice Carlos Figueroa Ibarra, si por lo menos por delitos distintos a los más graves se pudiera procesar a los que han hundido al paí­s, algo se ganarí­a, pero cuando ni siquiera por ello se logran resultados porque de todos modos la cooptación del sistema se manifiesta, la situación es demasiado grave. Al fin y al cabo, de complicidad aquí­ todos tenemos nuestra cuota, porque por acción o por omisión todos hemos sido cómplices de la forma en que el crimen organizado se adueñó de instituciones y compró la conciencia de los polí­ticos.