Uno de los más temidos paramilitares colombianos, que confesó su responsabilidad en más de 3.000 asesinatos, podría quedar en libertad dentro de poco tras purgar ocho años de condena.

Jorge Iván Laverde, alias «el Iguano», jefe de un extinto bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia, confesó a las autoridades cómo cumplió las órdenes de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso de acabar con todo lo que oliera a guerrilla y posicionarse en la zona con dirigentes políticos allegados a esta organización de ultraderecha.

Operaba en el Catatumbo, en la frontera con Venezuela, y fuera de ordenar y participar en el asesinato de decenas de militantes de izquierda, organizó una llamada «limpieza social» que acabó con la vida de cientos de presuntos ladrones, atracadores y expendedores de drogas.

Laverde se ingenió una particular forma de desaparecer los cadáveres: los quemaba en hornos artesanales. «Los cuerpos se enterraban y a los seis meses se sacaban los restos y se incineraban», confesó a las autoridades uno de sus subalternos, Armando Rafael Mejía, alias «Hernán». «Yo no me ponía a mirar (las incineraciones) porque eso es duro».

En total, según la Fiscalía, 400 paramilitares saldrían de prisión este año por pena cumplida y por delitos por los que se pagaría hasta cinco veces el tiempo de condena si se les aplicará la legislación penal sin ninguna consideración.

Activistas de derechos humanos dicen que las liberaciones, que empezarían este mes, son prematuras y peligrosas en un país que está negociando un proceso de paz en Cuba con las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. También dicen que los fiscales le fallaron al país al no investigar con rigor la totalidad de los crímenes de los paramilitares y garantizar que se pagara una cifra justa como reparación a sus víctimas, como lo estipula la ley.

«Es un riesgo grande que hay que prevenir», dijo Gustavo Gallón, director de la no gubernamental Comisión Colombiana de Juristas. Es evidente que las víctimas de los paramilitares verán «con gran temor, con gran preocupación» su regreso a la libertad.

Los llamados paramilitares no sólo asesinaban a simpatizantes de izquierda sino que eran aparatos armados que respondían a usurpadores y expropiadores de tierras de campesinos, una especie de contrarreforma agraria que alcanza unas dos millones de hectáreas y que el presidente Juan Manuel Santos está tratando de revertir.

El miedo es que vuelvan a las zonas donde tenían influencia para volver a asesinar, extorsionar, perpetrar masacres y extorsiones, usurpar tierras y volver al narcotráfico, actividades que prometieron abandonar cuando negociaron su desmovilización y entrega de armas.

Muchos de ellos eran comandantes de bloques, varios son peces gordos. Sus leves sentencias están cobijadas por la Ley de Justicia y Paz de 2005 que les otorgó esas penas a cambio de que confesaran todos sus crímenes y entregaran los bienes mal habidos para indemnizar a sus víctimas.

La mayoría de los jefes paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos y pagan altas condenas por narcotráfico: Diego Fernando Murillo, alias «Don Berna», 31 años de prisión; Salvatore Mancuso, 24 años; Ramiro «Cuco» Vanoy, 24 años; Francisco Javier Zuluaga, «Gordolindo», 21 años, entre otros.

Castaño, por su parte, fue asesinado por sus propios hombres en 2004 por orden de su hermano Vicente y Mancuso fue extraditado a Estados Unidos en 2008 por narcotráfico.

Pero ese tiempo en prisión en Estados Unidos no les será tenido en cuenta para redimir su pena en Colombia. «Cuando lleguen (al país) empezarán a contárseles los ocho años», dijo Juan Pablo Hinestrosa, quien hasta hace un par de semanas fue jefe de la Unidad de Justicia y Paz, o la dependencia de la Fiscalía que conoce los procesos contra paramilitares y guerrilleros desmovilizados.

El gobierno dijo que no se interpondrá a la masiva excarcelación, que las liberaciones serán graduales, que hará seguimientos de quienes confesaron haber participado en centenares de homicidios y que los llevará a prisión si vuelven a violar la ley.

La administración del presidente Santos honrará «ese compromiso del gobierno anterior en donde los paramilitares sólo iban a durar recluidos ocho años, pero honrarlo con unas limitaciones, restricciones y condicionamientos», dijo a la AP Miguel Samper, viceministro de Justicia.

Antes de recuperar la libertad, según el funcionario, los paramilitares deberán demostrar ante los jueces de la República que confesaron todos sus delitos y que repararon a sus víctimas. Los jueces, asimismo, podrán condicionarles la movilización por algunos lugares del país y exigirles la utilización de brazaletes electrónicos para que las autoridades sepan de su ubicación.

Adicionalmente, según la Fiscalía, podrán ser objeto de seguimiento judicial durante cuatro años a partir de su regreso a la libertad.

Como sus entregas se hicieron en distintas fechas, algunos comenzarán a salir en marzo, según la Fiscalía.

El ente investigador calcula que al menos 156.000 personas fueron asesinadas por ellos entre 1980 y 2004. En su mayoría, los grupos paramilitares nacieron de una alianza entre agricultores, ganaderos y traficantes de droga para enfrentar los secuestros, extorsiones y asesinatos de las guerrillas

Uno de quienes se espera su liberación es Edgar Ignacio Fierro, alías «Don Antonio», lugarteniente de Rodrigo Tovar, alias «Jorge 40», un importante jefe paramilitar que en 2008 fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico.

En marzo de 2006, las autoridades le incautaron a «Don Antonio» una computadora donde se encontró importante información sobre las finanzas y crímenes del llamado Bloque Norte de los paramilitares que operaba en la Costa Caribe del país. Unos 550 homicidios quedaron desvelados con el hallazgo de esa computadora, según la Fiscalía.

Una de sus más notables víctimas fue el profesor Alfredo Correa de Andréis, reconocido defensor de derechos humanos que fue baleado por sicarios en septiembre de 2004 en Barranquilla, ciudad del Caribe colombiano.

Tres meses antes, Correa había sido víctima de un montaje judicial por parte de la extinta policía secreta estatal que lo presentó en los estrados judiciales como un ideólogo de las FARC. El director de esa entidad en la época, Jorge Noguera, le entregó a los paramilitares los nombres de sindicalistas y activistas, entre ellos el de Correa, que más tarde fueron asesinados.

Noguera fue condenado en 2011 a 25 años de prisión por el asesinato de Correa.

«Esas fueron las reglas de juego» de la Ley de Justicia y Paz con los paramilitares, dijo el abogado de Fierro, Hernando Bocanegra, al referirse a lo ocho años de prisión.

También volvería a la libertad en octubre un «histórico» de los paramilitares: Ramón Isaza Arango, tal vez el paramilitar en prisión más veterano de Colombia.

A finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, «El Viejo» Isaza fundó en una región del centro del país, llamada el Magdalena Medio, los primeros escuadrones paramilitares del país. De 73 años, Isaza empezó a armarse junto a otros campesinos del Magdalena Medio porque, según ellos, la guerrilla los tenía azotados con secuestros y extorsiones.

En las fincas de hacendados del Magdalena Medio, militares corruptos y mercenarios extranjeros, como el israelí Yair Klein, entrenaron a hombres que en apariencia debían combatir a las guerrillas. Muchos de los entrenados, sin embargo, terminaron perpetrando actos terroristas a órdenes del capo del narcotráfico Pablo Escobar.

Era tal el poder de Isaza que incluso se enfrentó a principios de 1990 a Escobar por el control del narcotráfico en el Magdalena Medio. Curiosamente, cuando se entregó a las autoridades, Isaza dijo tener problemas con su memoria y que no recordaba muchos de los crímenes cometidos por él y sus hombres.

La Fiscalía dijo que Isaza ha entregado unos 30 bienes, valorados en unos 592.000 dólares para indemnizar a sus víctimas.

Las cifras oficiales dan cuenta de que entre 2003 y 2006 unos 30.000 paramilitares dejaron las armas durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010).