La pugna entre el gobierno del izquierdista Evo Morales y líderes civiles de seis regiones que reclaman autonomía y se oponen a reformas a la Carta Magna prevalece pese a la emergencia por inundaciones que se han cobrado la vida de 52 personas y provocado 57.000 damnificados.
Las regiones rebeldes agrupadas en el denominado Consejo Nacional Democrático (Conalde) enviaron a fines de enero una carta al
presidente socialista en la que dan un plazo hasta hoy para que la crisis política por estos temas se resuelva.
El vicepresidente ílvaro García calificó el ultimátum como «una frivolidad» en momentos en que más de medio país está afectado por desastres naturales.
El ultimátum abre la posibilidad de que los líderes civiles de Santa Cruz, Beni, Tarija, Pando, Cochabamba y Chuquisaca, convoquen a medidas de presión para defender sus demandas lo que reactivaría un escenario de violencia social. «Esperaremos una respuesta oficial del gobierno para convocar a otra reunión del Conalde para tomar decisiones», afirmó a una radio local el prefecto de la gasífera Tarija, Mario Cossío, cauteloso por un eventual atrincheramiento de las posiciones entre oficialistas y opositores.
Cossío señaló que las medidas no serían inmediatas porque los prefectos están convencidos de que tienen que atender con prioridad a los damnificados por las inundaciones que azotan a casi todas las regiones del país, pero con particular incidencia en los departamentos opositores.
A su juicio no se puede hablar de una tregua en el diálogo con el gobierno, que se inició el 7 de enero, y que no ha producido resultados positivos por las posiciones hasta ahora irreconciliables, porque «las treguas se pactan cuando se está en guerra», agregó.
«Lo que esperamos es que el gobierno responda de manera oficial a la carta para que fije su posición en torno al diálogo», matizó al referirse a las declaraciones del portavoz presidencial Alex Contreras, que aseguró que el Gobierno no atenderá las demandas regionales pese al ultimátum.
No obstante, advirtió que los temas planteados no pueden quedar «pendientes indefinidamente» porque se trata de planteamientos fundamentales para la vida política de Bolivia.
Los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Chuquisaca, Cochabamba y Tarija, que concentran el 75% del PIB boliviano, exigen revisar el proceso de aprobación de la nueva Carta Magna, dejar sin efecto un recorte de fondos públicos que bordea los 157 millones de dólares, y ratifican su intención de formar gobiernos autónomos que el oficialismo considera secesionistas.
Asimismo, apoyan al centenario pedido de la ciudad de Sucre para recuperar la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en perjuicio de La Paz, el bastión electoral más fuerte del gobierno de Evo Morales.
La posibilidad de una pausa temporal en la crisis política también fue aceptada por el prefecto de la rica región de Santa Cruz, Rubén Costas, considerado la cabeza visible de la oposición a Morales.
Tras una visita que realizó al departamento de Beni, uno de los más afectados por el desborde de los ríos y cuya capital está en peligro de ser arrasada por la aguas, dijo que en este momento no es oportuno continuar con las medidas de presión, según reseña el diario El Deber.
Costas aclaró que esta posición no significa renunciar a la lucha por revertir el recorte de los ingresos regionales a un impuesto petrolero, para pagar una renta de vejez, y al proceso autonómico que se lleva adelante con la convocatoria a un referendo local, el 4 de mayo, calificado por el gobierno de ilegal.
El gobierno izquierdista de Bolivia acusó ante la justicia al asesor de seguridad de la embajada de Estados Unidos en La Paz, Vincent Cooper, por el delito de espionaje, informó el viceministro de Gobierno (Interior), Rubén Gamarra, citado hoy la prensa local.
«Formalizo la denuncia contra los que resulten autores, cómplices y encubridores de los delitos tipificados en nuestro ordenamiento penal en los artículos 115 (revelación de secretos) y 111 (espionaje), en particular, contra Vincent Cooper», afirmó el Viceministro en un documento presentado ante un fiscal local.
Cooper fue señalado por el becario estadounidense Joan Alexander van Schaick de haberle sugerido espiar a personal de Cuba y Venezuela que trabaja en Bolivia en tareas de alfabetización y de asistencia médica.
El gobierno boliviano protestó por las acciones de la legación diplomática y, por ello, convocó al embajador estadounidense Philip Goldberg para que explique en la Cancillería las denuncias surgidas.
El diplomático Cooper, de quien la embajada dijo que fue llamado a Washington para ser investigado, habría hecho a principios de noviembre las sugerencias de espionaje a becarios que viajan a Bolivia para tareas educativas y sociales de los Cuerpos de Paz y del programa Fullbright.