Cuando en 1985 se promulgó nuestra actual Constitución Política de la República, ampliada, mediante referéndum en 1993, las corrientes que impulsaron su contenido eran corrientes democráticas que pretendían encontrar los mecanismos adecuados para garantizar, entre otros principios básicos, un equilibrio entre los distintos poderes del Estado.

Basados en esos objetivos, los Constituyentes buscaron la compensación de poderes y como parte de esta división de funciones asignaron a los distintos organismos del Estado atribuciones para elegir a las autoridades que por las especiales funciones de sus cargos se convertirían en piezas clave dentro de un hipotético funcionamiento correcto del Estado. 

De esa cuenta se asignó al Congreso de la República la elección de los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, al Contralor General de Cuentas de la Nación y a los Magistrados de  la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones; al Presidente de la República la selección del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público; y al Presidente de la Corte Suprema de Justicia el encabezar la Comisión de Postulación que se encargaría de elegir a la nómina de candidatos a dirigir la misma Fiscalía General.  A efecto de poder desarrollar los artículos constitucionales que establecían las Comisiones de Postulación se promulgó también la ley de la materia, la cual básicamente repartía las distintas comisiones entre aquellos entes académicos, gremiales o estatales que tenían injerencia en cuanto al puesto a elegir y que de alguna manera podrían garantizar la democratización del proceso para que en base a esos filtros se conformaran las nóminas con los mejores a efecto de que posteriormente el resultado de la elección de alguna manera estuviese garantizado en cuanto a la selección de personas, con un común denominador de condiciones y aptitudes mínimas para los puestos que les corresponderían.

Lamentablemente en esta ecuación democrática no se tomó en cuenta que no importa la ley, el principio o los filtros que se establezcan, la clase política no tiene igual en su capacidad de copar todas las instituciones  y de esa cuenta se dio a la tarea de incubar  su germen político en colegios profesionales, universidades o cualquier otra entidad que pudiera permitirle el garantizar que ellos y nadie más elegirían a quienes deben de garantizar la mayoría de procesos en donde ellos mismos, los políticos, pueden ser posteriormente juzgados, convirtiendo de esa cuenta un proceso de selección con pesos y contrapesos incorporados en un sistema que ha perdido totalmente su credibilidad y en el que se disputan las más enconadas batallas en pos de tomar el control de las instituciones para su beneficio personal.