En el mundo occidental, la democracia es el altar donde se fundamentan los gobiernos del pueblo y para el pueblo. En un Estado puede darse, por la voluntad de la mayorí­a de sus ciudadanos, diferentes tipos de gobierno: republicano, parlamentario; inclusive, monárquico, pero es rechazado que no exista una democracia.

 

En América, la Organización de Estados Americanos -OEA- ha repudiado, censurado todo intento que contradiga la democracia. El Grupo de Rí­o, foro de presidentes latinoamericanos, fue establecido con la tarea primordial de resguardar el sistema democrático. Los gobiernos legí­timamente electos no pueden atentar contra la naturaleza misma de la democracia y la soberaní­a.

 

El diputado, ingeniero Nery Samayoa cometió el más grave error que un ciudadano, ya no digamos un representante del pueblo, pueda cometer al indicar en la reunión de jefes de bloque del Organismo Legislativo, que si no se complací­a y se seguí­a una agenda en la que la primera prioridad fuera aprobar una reforma impositiva en discusión, el Presidente de la República podrí­a considerar disolver el Congreso, hecho -conforme a nuestro sistema polí­tico y democrático- imposible legalmente.

 

No soy juez, no soy miembro del Gobierno de la República, no soy parte del Organismo Legislativo, ni dirigente de partido polí­tico alguno; sin embargo, nuevamente es mi obligación ciudadana rechazar semejante pretensión, censurar que un ciudadano guatemalteco, un representante legí­timamente electo como miembro del Congreso de la República, pueda por motivo alguno, tener semejante expresión, semejante pensamiento.

 

Qué procede hacer, es responsabilidad de la junta directiva del Congreso de la República evaluarlo y decidirlo. En lo partidario, es la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, a quien pertenece como afiliado, como diputado y subjefe de bancada el ingeniero Nery Samayoa, a quien le corresponde -como ya públicamente lo han indicado- enviarlo ante el tribunal de honor, cuyos miembros están en la obligación de evaluar, escuchar e indagar lo acontecido y en base a todo ello aplicar la medida o sanción que estimen conveniente.

 

Con lo que no concuerdo es que pueda el editorial de un medio de comunicación escrito atribuirle al Presidente de la República, ingeniero ílvaro Colom, que para que sus declaraciones puedan ser aceptables, el diputado en cuestión deba recibir «una sanción en realidad drástica, como es la expulsión».

 

Tampoco es procedente que ese medio se atribuya la potestad que por la expresión de un diputado, la cual no puede comprobarse que provenga del Presidente de la República o del partido de gobierno, se diga «el régimen de Colom parece haber ingresado en el grupo de gobiernos latinoamericanos de tendencias totalitarias».