El pasado 19 de mayo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció en conferencia de prensa, convocada por el Pleno, la emisión del acuerdo 117-2014 que tiene como principal pretensión el detener la campaña electoral anticipada que se ha desbocado en el país.

El acuerdo en cuestión fija  un plazo de 30 días a los partidos políticos para remover y suspender toda la propaganda política anticipada por la cual hayan sido sancionados, bajo pena de suspensión temporal y también establece en su artículo 3 una prevención a las organizaciones políticas y a los funcionarios o empleados públicos para que se abstengan de realizar actos de los comprendidos en el artículo 223 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, es decir que entre otras,  se establecen prohibiciones para el uso de recursos y bienes del Estado para propaganda electoral y lo mejor de todo, prohíbe a los empleados y funcionarios públicos informar, dar a conocer o inaugurar públicamente obras realizadas en cumplimiento de sus funciones.

Dicho en otras palabras, si el TSE como autoridad electoral, está decidido a impulsar el cumplimiento del acuerdo en cuestión, nos libraríamos de las vallas, los anuncios políticos en diarios, las frases trilladas utilizadas sin mayor pretensión que la de ver qué bobo cae y hasta el Ministro de Comunicaciones podría dedicarse a cualquier otra cosa que no sea estar  inaugurando hasta el último chorro de agua que se vaya a instalar en el país.

Por supuesto la reacción de los políticos no se ha hecho esperar y ya hay planteado un amparo y una inconstitucionalidad en contra del acuerdo del TSE, amén de las declaraciones de los dirigentes de varios partidos que ahora resulta que no hacen campaña anticipada sino que únicamente están en proceso de afiliación.
 
En síntesis, después de haber considerado que la Ley Electoral y de Partidos Políticos era una mandíbula sin dientes, el nuevo TSE ha decidido no ser una comparsa más y hacer que se cumpla la ley, este cambio radical de actitud, en relación a la pasividad del anterior TSE, debe de ser apoyado por todos y respetado y observado por los partidos políticos, quienes como mejor ejemplo de observancia a la ley no deberían  de pasar constantemente sobre ella.

La Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia tienen ya en sus manos los recursos presentados en contra del acuerdo, lo que resuelvan servirá para exponer si el equilibrio de poderes aún funciona en Guatemala o bien si aquí todos acatan lo mejor para los políticos, estén o no en el Gobierno.