Un informe del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), cuyos resultados fueron divulgados en «Visión Electoral», revela que en promedio, cada dí­a mueren 14 personas por la violencia que impera en el paí­s.

La misma investigación establece que en los últimos tres años y medio, 15 mil 500 personas han sido asesinadas. Además, de acuerdo con el CEG, a esta situación de por sí­ grave se suma la impunidad, ya que el 97% de estas muertes violentas no han sido esclarecidas por la justicia.

Estas cifras y esta situación, entre otros factores, han determinado que la inseguridad sea uno de los centros de las propuestas electorales de los diferentes partidos.

Los analistas y expertos de la sociedad civil consultados por Visión Electoral, coincidieron en una visión crí­tica de las propuestas que presentan los candidatos, señalando que solamente proponen más represión y prácticamente no plantean ideas de prevención. También cuestionaron por ineficaz la polí­tica del actual gobierno, especialmente la participación del Ejército en tareas de seguridad interna.

Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala, aseguró que «los partidos de derecha financiados por el poder económico proponen una continuidad en las polí­ticas de seguridad». «La propaganda y los discursos de los candidatos nos indican que vamos a seguir en estrategias represivas y reactivas», señaló Asturias, quien agregó que hacen falta propuestas sobre prevención y de fortalecimiento a las instituciones de seguridad civil.

En la misma lí­nea, Carmen Aí­da Ibarra, de la Fundación Myrna Mack, destacó que hacen falta planes integrales que combatan la inseguridad. «Parece más bien un listado de recetas que quisieran hacer y se ve un gran desconocimiento de las diferentes dimensiones del problema entre los candidatos», dijo Ibarra.

Por su parte, Iduvina Hernández, de Seguridad en Democracia, SEDEM, indicó que no existen estrategias que garanticen la seguridad a la población, lo que viene en detrimento de los derechos fundamentales de las y los ciudadanos. «El conjunto de propuestas que estamos viendo carecen de una lí­nea estratégica en función de desarrollo para garantizar de manera sostenible los problemas de seguridad», recalcó Hernández.

Una de las medidas que tomó el actual gobierno ante la creciente inseguridad fue la incorporación de militares en tareas de seguridad ciudadana. Este modelo al que se le conoce como «fuerzas combinadas» aún genera polémica. El debate se ha trasladado al ámbito electoral, donde los partidos tienen posiciones encontradas al respecto. Entre los analistas consultados, prima una visión crí­tica hacia esta experiencia.

Enrique ílvarez, de Incidencia Democrática, e integrante del Consejo Asesor de Seguridad, aseguró que los patrullajes no resuelven el problema. «El problema de seguridad se resuelve identificando y desarticulando a las bandas del crimen organizado», insistió ílvarez.

Sandino Asturias, del CEG, también discrepó con la utilización del Ejército en tareas de seguridad interna e indicó que «el pleno cumplimiento de los Acuerdos de Paz garantizarí­a la seguridad para la población, sin tener que recurrir a los militares». «Durante los últimos diez años se han incumplido los Acuerdos de Paz y se ha debilitado a la institucionalidad civil», sostuvo el analista.

Según Iduvina Hernández el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad debe realizarse a través del incremento del presupuesto, la capacitación de los agentes y una evaluación previa a contratarlos.

Finalmente los expertos consultados coincidieron también en que se deben formular oportunidades de desarrollo para que la delincuencia no sea una opción de vida entre la población.