Según cifras oficiales, en los años 2011, 2012 y lo que va de 2013 se reportaron 726 casos de delitos económicos relacionados con la evasión fiscal, tributaria y de impuestos contenidos en el Código Penal, pero solo se lograron condenas en 68 procesos.

De estas, 430 fueron por defraudación tributaria, 48 por delitos aduaneros y 39 por resistencia.

¿Cuáles son los pasos y los obstáculos que enfrentan las entidades en la búsqueda de los evasores fiscales? ¿Por qué es tan difícil llevar ante la justicia a quienes defraudan al fisco?

La persecución por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Ministerio Público (MP) en delitos relacionados con la evasión tributaria ha logrado la recaudación de Q100 millones en impuestos, a través de medidas desjudicializadoras.

Este es el resultado de los casos en los que se detectan anomalías relacionadas con el pago de impuestos, pero para evitar llegar ante el juez y abrir una causa, se alcanzan acuerdos que permiten evitar complicaciones legales y favorecen los ingresos del Estado.

 Sin embargo, muchas veces las investigaciones no pueden llegar a encontrar a los defraudadores y si lo hacen, lo consiguen solo después de un trabajo que implica una fuerte inversión de tiempo y recursos.

¿Cuál es el camino que los investigadores trazan para llegar a identificar a los evasores, contrabandistas y defraudadores aduaneros?

Javier Monterroso, asesor de la fiscal general Claudia Paz y Paz, explica que la Fiscalía de Delitos Económicos se encarga de indagar en infracciones relacionadas con la evasión tributaria, entre las que se  incluye a quienes evaden el pago de impuestos, que alteran o no presentan sus declaraciones tributarias y también los procesos de contrabando.

La Fiscalía se nutre principalmente de las denuncias que presenta la SAT, pues según la información del MP, un 95 por ciento de los casos que recibe vienen de la entidad recaudadora.

No obstante, los resultados en el sistema de justicia no son alentadores, pues el 90 por ciento de los 726 casos conocidos desde 2011 sigue sin condena.

IDENTIFICAR LA EVASIÓN

La Fiscalía de Delitos Económicos está dividida en dos secciones; una conoce todos los delitos tributarios cometidos por personas individuales o jurídicas que aportan sus impuestos al Estado.

Mientras la segunda unidad investiga el contrabando. Toda la mercancía que entra a Guatemala, ya sea por medio de importación directa, o que ingresó solo “de paso”, pero que ya no salió del país y no pagó impuestos.

En el 95 por ciento de los casos tributarios y aduaneros, las denuncias surgen por las pesquisas de la SAT y la Intendencia de Verificación Tributaria.

Las entidades realizan una primera investigación y en algunos casos se diligencia por la vía administrativa, cuando se hace una auditoría al contribuyente. En caso de evidenciarse una posible comisión de delito, se denuncia al MP.

Según fiscales, uno de los obstáculos más grandes dentro de este tipo de pesquisas es que el contribuyente cuenta cada vez con métodos más especializados para evadir el pago de impuestos, porque utiliza más sociedades anónimas que intervienen en el flujo de los bienes que van a vender, y representa dificultad rastrear el curso del dinero.

Este método es el más utilizado por las importadoras que fingen comprar productos a varias entidades para al final quedarse con los impuestos, ya que las  empresas que supuestamente venden los productos son de cartón. Así se logra defraudar millones.

Según los fiscales, lo más complicado de la investigación es que aparte de las pesquisas de la SAT, se debe realizar un análisis financiero para establecer los estados de cuenta y la contabilidad integral de las empresas; esto es lo que más dificultad representa para desvelar estructuras que se dedican a defraudar al Estado, ya que las empresas presentan ante las autoridades informes contables y financieros donde no se detallan todos los movimientos.

Por otro lado, la ley faculta que el contribuyente que ha defraudado al Estado puede pagar sus impuestos, pero tiene una multa equivalente al 100 por ciento al monto defraudado más los intereses que se han generado desde cometido el ilícito.

Si el contribuyente paga los impuestos, más la multa y los intereses, encuentra salidas de desjudialización de los expedientes; es decir, el caso no sigue su curso legal.

En cambio, si llega a juicio, el MP debe probar con medios de investigación, análisis financieros, contables y bancarios el flujo del dinero.

LA DETECCIÓN DE LOS DELITOS

El MP no detecta las anomalías en las declaraciones tributarias, sino que necesita a una institución que denuncie a quienes estén evadiendo impuestos. Eso significa que si la SAT no funcionara bien en este aspecto, la Fiscalía no podría combatir los delitos económicos.

De las denuncias que se presentan al MP, el 75 por ciento son sobre delitos menores a Q75 mil evadidos, por lo que la mayoría no se encausan por un proceso penal común, sino que se buscan medidas desjudicializadoras para que el infractor pague el impuesto, explica Monterroso.

Para eso se aplica la suspensión condicional de la persecución penal, que es una figura establecida en el artículo 27 del Código Procesal Penal. Esto significa que quienes están perseguidos por el régimen jurídico tributario, si pagan sus impuestos, multas e intereses, pueden acceder al beneficio de la suspensión condicional de la pena.

De esa manera no irán a la cárcel, pero serán condenados con una medida de reparación al Estado.

“Esto permitió que en 2012 se tuviera el récord de recaudación por esta vía, porque por el delito de evasión tributaria la SAT y el MP lograron la recuperación de Q100 millones”, indica Monterroso.

Ambas entidades, a través de ese mecanismo, en años anteriores lograron recaudaciones de hasta por Q25 millones. La recaudación histórica se logró gracias a una mejor coordinación entre SAT y MP, resalta el asesor.

“Se pudo hacer un trabajo conjunto. Se pusieron de acuerdo las metas y los casos; se hicieron mesas de trabajo para casos sensibles, y también en casos como el de Norman Tejeda, que una parte se llevó a debate, y la otra se llevó por suspensiones condicionales para las personas que compraron las facturas”, expone.

PERSECUCIÓN

El MP también depende de la SAT para conseguir las pruebas de los casos; no solo para detectar la evasión, sino también, en el momento de la investigación, es la principal proveedora de información.

Ángel Estuardo Menéndez, intendente de Asuntos Jurídicos de la SAT, explica que existen tres delitos básicos relacionados al tema: la defraudación tributaria, defraudación aduanera, y contrabando.

Además, es común el delito de resistencia a la acción fiscalizadora, que se da cuando los contribuyentes no brindan la información que requieren los auditores tributarios.

El Intendente señala que el delito de defraudación tributaria se pone en evidencia cuando se realiza una fiscalización, cuando auditores tributarios visitan el domicilio del contribuyente y solicitan los documentos para examinar el adecuado cumplimiento de las obligaciones.

En ese examen se denota que el contribuyente ha incumplido, ha omitido ventas, entre otras cuestiones. El auditor hace su informe y si existe la sospecha de comisión de delitos, presenta la denuncia en los juzgados, donde luego se remite el caso al MP para que se inicie la persecución penal.

“Como SAT en casi todos los casos estamos constituidos como querellantes adhesivos y eso nos permite coadyuvar con el MP, en los procesos”, resalta.

Sucede lo mismo en procesos relacionados con lo penal aduanero. Mientras que en casos de contrabando son las autoridades policiales quienes hacen las actuaciones en aduaneras, depósitos, en traspasos de fronteras, etc.

Cuando existen reportes de bienes incautados, la SAT también se constituye como querellante adhesivo.

Datos de la Intendencias de Asuntos Jurídicos de la entidad dan cuenta que al 18 de julio de 2013, la SAT presentó 517 denuncias penales. De estas 430 fueron por defraudación tributaria, 48 por delitos aduaneros y 39 por resistencia.

LOS OBSTÁCULOS

De acuerdo con la información, uno de los principales problemas que enfrentan estos casos, es que los abogados defensores, cuando se llevan a debate un caso, interponen una gran cantidad de recursos dilatorios para entorpecer los procesos.

Monterroso señala que otro problema es que en el interior del país los jueces aún no están totalmente capacitados y formados en temas tributarios, especialmente en el tema de contrabando.

“Hemos tenido casos donde a pesar de que se demuestra que una persona no cuenta con las licencias y pólizas de importación, los jueces los dejan libres porque presentan una factura simple, cuando es otro tipo de documentos los que autorizan que una persona es importadora”, manifiesta.

El entrevistado además enfatizó que la Fiscalía necesita más fortalecimiento de las instituciones encargadas de la investigación, sobre todo en el caso de contrabando, “porque necesitamos policías, investigadores, SAT fuerte, para hacer operativos, para identificar lugares de contrabando y, más importante, para identificar a las empresas que ingresan productos”.

Por su parte, Menéndez indicó que los auditores e inspectores de la SAT enfrentan dificultades de distinta naturaleza, donde resalta que los contribuyentes no permiten un fácil acceso a la información.

“Tenemos la limitación legal de no pedir información bancaria, esa es una limitante fuertísima. También en un país tan violento han existido amenazas contra nuestros auditores. Hace tres años fue asesinado uno”, acota.

LAS IMPLICACIONES

Eduardo Velásquez, profesor titular del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), señala que la SAT, el MP, y las instituciones de justicia que deberían velar porque el Estado recupere los recursos defraudados, están siendo inoperantes.

“Los analistas, y auditores de la SAT deberían estar encima de determinar quiénes son los que están evadiendo grandemente impuestos para darles caza, pero mi impresión es que el Estado está tan corrompido a su interior que existen redes que se cubren unos a otros”, critica el analista.

Velásquez lamenta que la impunidad no sea solamente judicial, jurídica o legal, y que “no solo está en casos como el de Cristina Siekavizza, también la vemos en casos tributarios y económicos”.

“Yo no creo que Guatemala haya tenido nunca los niveles de corrupción que tiene ahora, hay una gran impunidad; los grupos de mafia se turnan cada cuatro años y cuando no ejercen el poder se cuidan de que los otros no los dañen”, subrayó.

Por su lado, Fernando Cordón, abogado especializado en temas económicos y tributarios, y que actualmente representa a la Asociación por los Derechos del Consumidor (Asprodeco), en el caso contra las tiendas La Riviera, critica que en el Organismo Judicial existe un desconocimiento sobre los delitos de este tipo.

“No encontramos especialistas y creemos que la administración tributaria ya está muy contaminada, es decir que no va encaminada al cumplimiento de los fines para la cual fueron creadas”, indica.

El entrevistado dice que en este tipo de casos no es extraño evidenciar que las mismas entidades favorecen a sectores específicos. “La SAT se vuelve una piedra más en el camino”, advierte.

“El sistema está contaminado y descuidado. No hay voluntad del Estado en querer fortalecer el aspecto fiscal en Guatemala”, indica y agrega que en el tema de contrabando, que es una de las aristas donde más perjudicado sale el país “no hay acciones concretas, hay pasos ciegos de mercancía que los conoce el Gobierno y no pasa nada”.

“La SAT está más preocupada por recaudar que por saber recaudar. En el Organismo Judicial los jueces no están preparados; litigar un delito fiscal en los juzgados penales es muy desgastante porque casi todo se resuelve con componendas, acuerdos”, describió.

Los delitos tributarios son aquellos que van encaminados a causarle un prejuicio al erario nacional, están encaminados a evitar el cumplimiento de la obligación de pagar tributos, de evadirlos, de crear estructuras para aprovechar beneficios fiscales.

“Lo más común es la creación de empresas de papel, la compra de facturas, la inscripción de contribuyentes inexistentes, la corrupción, la simulación de actividades, de gastos, falsedad al momento de declarar. Hay muchas transacciones escondidas, mientras que el comercio informal no se puede traducir a números reales”, concluyó.