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Además de la carencia de una ley especí­fica para el tema, la privatización de la seguridad se ha ido haciendo cada vez mayor, hasta el punto de superar excesivamente a la seguridad que el Estado tiene la obligación de brindar por mandato de la Constitución.

La Policí­a Nacional Civil cuenta con 20 mil 300 agentes de seguridad pública, que son superados en número por los guardias de seguridad privada que suman 150 mil, según cifras oficiales.

Pero el tema no es sólo de cifras: la privatización y el debilitamiento del Estado en ese tema ha ido generando que sólo quienes tienen recursos económicos altos puedan tener acceso a la seguridad como un derecho.

«NEGOCIO DE LA VIOLENCIA»

Sandino Asturias, analista del Centro de Estudios de Guatemala, explica que la privatización de la seguridad tiene dos orí­genes: el primero, «en el modelo de Estado que se construyó a partir del gobierno de ílvaro Arzú que se planteó la reducción del Estado a la mí­nima expresión, y el debilitamiento de las instituciones encargadas de seguridad y, el segundo, la reconversión de negocios de grupos militares que fundaron esas empresas», detalló.

A criterio de Asturias, la proliferación de estas entidades privadas generó el «negocio de la violencia», al que se refiere, indicando que estas empresas venden y compran una gran cantidad de municiones al año y crean «la necesidad» de ir contratando servicios privados ya que el Estado es débil en ese sentido, citó.

El analista consultado consideró de fundamental importancia que se apruebe en el Legislativo la Ley de Servicios Privados de Seguridad para que el Estado tenga mayor control sobre estas instancias, y reiteró: «actualmente la seguridad es un privilegio, pero de pocos y es parte de las polí­ticas publicas que hay que revertir porque se desarrolla un fenómeno de desigualdad y desamparo de la población», opinó.

Asturias agregó que la Ley de Armas y Municiones es un instrumento inicial para la regulación de estas empresas, pero apuntó que su aplicación no es óptima mientras no se invierta en una oficina de control de estas.

DATOS OFICIALES

Nery Morales, portavoz del Ministerio de Gobernación, informó que la División de Supervisión y Control de Entidades y Personas Individuales de Seguridad Privada, de la Policí­a Nacional Civil (PNC) reporta a la fecha 147 empresas de seguridad privada legales. El Ministerio ha cancelado este año un total de diez empresas de seguridad por incumplimiento de los requisitos mí­nimos.

Ante las crí­ticas relacionadas con el escaso control que genera la oficina de la PNC que supervisa a las mencionadas empresas, Morales reconoció que esta sección está siendo remodelada con el fin de generar un mayor y mejor trabajo. El vocero fue consultado sobre cuántos empleados laboran en esta, pero se limitó a responder que «está en la etapa de reestructuraciones para que haya personal suficiente para esa labor», indicó.

El portavoz de la cartera del Interior agregó que actualmente existen varias denuncias sobre la existencia de no menos de 71 empresas que aunque aún están en su fase de trámite, ya están funcionando, y agregó que esa instancia hace una supervisión sobre estas.

Morales opinó respecto al número de agentes privados que superan a los de la PNC, que «es fundamental que exista una ley especí­fica donde se detalle el papel que estas entidades para que tengan una colaboración estrecha con las fuerzas estatales de seguridad», opinó.

UNIFICACIí“N

Aní­bal Garcí­a, diputado de la Comisión de Legislación del Congreso, explicó que actualmente existen tres iniciativas referentes a crear una Ley especí­fica para la regulación de las empresas privadas de seguridad y que la comisión de Gobernación del Congreso busca unificarlas.

«En los últimos cuatro meses la comisión respectiva ha tratado de consensuar la unificación de estos anteproyectos y la idea es que podamos tener un proyecto consolidado que recoja los elementos más importantes de las tres iniciativas y también los nuevos aportes para regular el tema», detalló el diputado.

Garcí­a calculó que documento final de la iniciativa podrí­a estar redactado en un mes y que tendrí­a nuevos aportes como la creación de una superintendencia que se encargue de todo lo relacionado con la autorización, registro, control y evaluación de la actividad económica, entre otros aspectos de estas empresas.

«Con la Ley se busca garantizar que las empresas puedan tener un efectivo cumplimiento en lo laboral, ya que estamos hablando de aproximadamente 75 mil personas que se dedican a esa actividad en condiciones deplorables», indicó el legislador.

Garcí­a dijo finalmente, «el problema de las empresas privadas de seguridad salta a la vista» y que el hecho que hayan más policí­as privados y estatales «demuestra que el Estado como ha sido incapaz de garantizar con su fuerza pública la seguridad de la ciudadaní­a en una actividad que es exclusiva obligación de este», declaró.