Como resultado del amparo interpuesto por el abogado Hiram Sosa Castañeda, quien también era candidato a director del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal estableció un plazo de 48 horas para que los miembros del consejo envíen un informe que explique sus actuaciones durante el proceso de elección.
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Los miembros del consejo del IDPP desistieron de continuar con la elección del siguiente director la semana pasada, pero este proceso tuvo que haberse terminado hace alrededor de un año. Sin embargo, ante la falta de intención de continuar, el Juzgado resolvió establecer un máximo de dos días para que informen acerca del trabajo que realizaron.
Esta institución está conformada por un Consejo que es quien entre sus funciones tiene la obligación de elegir al director, sin embargo los miembros de este órgano desistieron de hacerlo por lo que algunos analistas consideran que es ilegal.
«Están evitando una función vital del Consejo, porque es irracional que sigan siendo los miembros», señaló Carmen Aída Ibarra del Movimiento Pro Justicia que lamentó la actitud de los miembros del Consejo y dijo que también hay que hacer un llamado a las universidades del país para que se apresuren a nombrar a sus delegados.
Además, el abogado Sosa Castañeda, también hace ver el supuesto tráfico de influencias que los profesionales del Consejo tienen en la institución, por lo que también podrían beneficiar a sus allegados.
El Consejo del IDPP estaba conformado por el Procurador de los Derechos Humanos, quien se retiró por orden de la Corte de Constitucionalidad, pero también lo conforma un representante de los decanos del país, el representante de los defensores públicos, el presidente del Organismo Judicial y un delegado del colegio de abogados.