Después de haber escrito mi artículo del jueves se publicaron informaciones acerca de las secuelas del trágico accidente de una camioneta extraurbana que se embarrancó en Chimaltenango, habiéndome llamado especialmente la atención las declaraciones del presidente Otto Pérez Molina, por su investidura y autoridad, quien admitió reservadamente que uno de los factores que incide en los accidentes en la red vial del país es la corrupción que corroe a la Dirección General de Transportes, y que probablemente a finales de año ordenaría “una transformación” en esa dependencia, incluyendo cambios en los mandos superiores.
No es el actual titular de la DGT el solitario responsable de acciones ilícitas en esa institución, puesto que heredó vicios administrativos que se vienen acarreando desde hace décadas, como consecuencia de diferentes causas, comenzando con el clientelismo político que ha campeando en el nombramiento de los directores de esa dependencia, los que, a su vez, designan en cuadros medios a activistas de los partidos que asumen el poder, tan pronto como se instala el nuevo gobierno, por instrucciones del ministro de Comunicaciones, tal como ocurrió a principios de este régimen y sucedió con los anteriores.
La incapacidad, improvisación, escasez de personal administrativo y de campo y la voracidad de los renovados burócratas han convertido a la DGT en un botín que salpica a la cúspide ministerial, mientras que transportistas codiciosos están prestos a entregar sobornos para la renovación de licencias de operación o la renovación de las autorizadas anteriormente, sin cumplir con mínimos requisitos contemplados en las normas reguladoras respectivas
Necesariamente debo repetir lo que he señalado en más de una oportunidad en mi espacio en La Hora y en los medios con los que anteriormente colaboraba, es decir, desde hace varios lustros, en el sentido de que, además de la promulgación de una nueva y actualizada ley de tránsito, la refundación de la DGT y la erradicación del favoritismo político para evitar la corrupción, es imprescindible que los funcionarios superiores de ese ente sean personas con conocimientos en la materia, o que, por lo menos, ostenten los títulos de ingenieros civiles, estructurales o en sistemas, aunque lo mejor sería un profesional de esta disciplina con maestría en vialidad, de reconocida honradez y apropiadamente remunerado.
En otras palabras, la “transformación completa” de la DGT que anunció el gobernante implicaría el nombramiento de expertos en la materia a cargo de esa institución, para evitar los mismos errores que conducen a similares resultados trágicos, aunque plantear esta propuesta podría ser un insulto a los cerebros de quienes conducen los destinos del Ministerio de Comunicaciones, y de ahí que ningún gobierno ha atendido parecidas recomendaciones, porque lo que les interesa es colocar a dirigentes partidistas de segunda o tercera línea, sin nociones de lo que significa estar al frente de una dependencia que debería velar por la vida y la seguridad física de seis millones de usuarios de autobuses extraurbanos, mayoritariamente de la clase popular. Es la cruel realidad.
(El tractorista Romualdo Tishudo cuenta que cierto funcionario ministerial al recibir por error y a causa de un homónimo el cheque del sueldo mensual de un ingeniero de Caminos, no resistió el susto y le dio un infarto al corazón).