A partir de la vigencia de nuestra actual Constitución y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 91 de esta norma: “Asignación presupuestaria para el deporte”, es deber del Estado el fomento y la promoción de la educación física y deporte. Para ese efecto se destinará una asignación privativa no menor del 3% del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado. De tal asignación, el 50% se destinará al sector del deporte federado a través de sus organismos rectores, el 25% a educación física, recreación y deportes escolares y el 25% al deporte no federado.

En el artículo 92: Autonomía del deporte, se reconoce y garantiza la autonomía del deporte federado a través de sus organismos rectores, Confederación Deportiva y Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico Guatemalteco, a quienes se les entrega del 3% ya mencionado el 1.20% y el 0.30% respectivamente, lo cual ha significado en este último año entregarles Q257 millones a uno y Q93 millones al otro.

Esos recursos, en parte, fueron entregados en el año 2012, como asignaciones específicas a los diferentes deportes, desde Q5,784,280.78 al fútbol hasta en último lugar al billar Q1,532,170.86, lo que en total suma Q150,212,887.00 y, el resto hay que preguntarle a la dirigencia, incluyendo por supuesto al Comité Olímpico. Si bien es prudente y razonable fomentar el deporte, ahora que se están celebrando las olimpiadas en Inglaterra, se hace más evidente el requerir que se informe plenamente cómo se han utilizado los Q1,076,581,972.00 que de los impuestos se han entregado de 2008 a 2011 a esas entidades, por cuanto es difícil entender y mucho menos justificar que la delegación de Guatemala haya estado integrada por 60 personas, de las cuales sólo 19 son deportistas, 21 técnicos y entrenadores y 20 invitados especiales.

El Congreso de la República, según su ley orgánica, tiene establecido dentro de las comisiones permanentes, una Comisión de Cultura y Deportes y como representantes electos tiene que fiscalizar, tiene que informar a todos los guatemaltecos cómo se está usando esa asignación mínima presupuestaria, que en los últimos cuatro años ha rebasado mil millones de quetzales. Es más, esa comisión tiene asesores y demás personal dentro de la cual debería de existir un auditor y contador público que mensualmente debería revisar los gastos y ejecución presupuestaria de cada una de las dependencias que reciben, administran y gastan esos recursos, para así señalar y fiscalizar cualquier anomalía.

La Contraloría de Cuentas no puede ignorar su responsabilidad de comprobar que esos mil millones de impuestos se han utilizado legalmente. A su vez, la fiscalización social que en parte se ejerce por los medios de prensa, deben de comprobar e informar sobre cada quetzal que se ha gastado porque no debe de extrañarnos que por cada deportista que indudablemente merece el apoyo para participar en los eventos nacionales e internacionales, existe una persona a la que probablemente se le está chineando y beneficiando con viajes, pasajes y viáticos de forma improcedente.

Es más, han existido oportunidades, de lo cual puedo dar fe, en que la alta dirigencia del Comité Olímpico se ha acercado al Ejecutivo y al Legislativo para pedir una asignación millonaria extraordinaria para asistir a una olimpiada y a cambio han ofrecido llevar uno o dos funcionarios del Ejecutivo y del Legislativo como invitados especiales. Si alguien pone en duda lo afirmado, basta examinar retroactivamente las listas de las delegaciones a las olimpiadas y demás eventos deportivos, sin tocar pito al respecto.