La precaria institucionalidad del país provoca descrédito de las instituciones y sus liderazgos, puesto que a los inveterados problemas que debería encarar el Presidente, se suman los conflictos internos de su Gobierno, especialmente en lo que atañe a las rivalidades entre altos funcionarios por ambiciones políticas, aunado a decisiones que ensombrecen la prometida e incumplida transparencia en los negocios del Estado, como el caso del usufructo en Puerto Quetzal, causándole desgaste y restándole autoridad al mandatario, que a veces se ve obligado a corregir irregularidades o rectificar resoluciones antojadizas, al escuchar consejos de asesores poco idóneos.
Colaboradores muy cercanos al gobernante están al servicio de sus propios intereses políticos, en vez de fungir como servidores públicos, conductas propias en un contexto en el que no priva la eficiencia y la moralización gubernamental.
Uno de los ámbitos más delicados que merecería especial atención del Presidente, es la imprescindible coordinación en el manejo de las finanzas del Estado, a fin de que pueda percibirse que existe unidad entre las instituciones de esta importante área de la administración pública, y para que, en realidad, prive el acoplamiento y la certeza de que la programación entre los ingresos y egresos fiscales se determinen con firmeza y sin oscilaciones, para no privilegiar ambiciones de actores eminentemente políticos que persiguen clientelismo electoral, ignorando los pésimos efectos causados por improvisados endeudamientos, a fin de satisfacer desbordadas codicias de diputados y ministros de Estado.
En otras palabras, es preciso metodizar los planes, programas y proyectos entre todas las instituciones estatales, para evitar decisiones precipitadas y chapuceras, al atender inmediatamente falsas necesidades y descuidar obligaciones prioritarias en provecho del bienestar de la colectividad nacional.
Esta imprescindible armonización cobra más relieve entre el Ministerio de Finanzas Públicas y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para que trabajando conjunta y armoniosamente pueda prevalecer la capacidad y la moral administrativa y se puedan afrontar equilibradamente los desafíos fiscales, y de ahí que es imperativo que el nuevo titular de la SAT sea un funcionario eminentemente técnico, al margen de banderas políticas y sin estar subordinado a caprichos de la cúspide gubernamental.
Sin menospreciar a otras personas que se mencionan para ocupar la titularidad de la SAT, sostengo que para la correcta conducción del erario, entre los más calificados para ocupar ese cargo está el doctor en tributación Abelardo Medina Bermejo, quien actualmente ocupa esa posición en forma interina.
Probablemente el Presidente ya tendrá en su poder la hoja de vida del tecnócrata Medina Bermejo; que contiene su trayectoria académica y profesional, y quien es licenciado en Economía, con post grado en Economía de Banca Central, magíster en Finanzas, diplomado en alta gerencia y en estimaciones tributarias.
Fue director del Departamento de Economía de la Universidad Landívar, coordinador de pos grado en Economía y Finanzas del Banco de Guatemala; además de contar con vasta experiencia en la misma SAT, como Intendente de Coordinación y Operaciones, de Fiscalización y de Recaudación y Gestión, así como fue docente en las disciplinas de su especialidad en tres de las universidades del país.
Quizá su mérito más notorio es su limpia trayectoria en la SAT, además de ser ajeno a militancia política. Los otros aspirantes a dirigir esa institución también reunirían esas calidades, lo que contribuiría a garantizar el eficiente manejo técnico del presupuesto nacional, sin injerencias de otra índole.
Evite más desgaste de su imagen, presidente Pérez Molina
(Un empleado de la SAT que está en su cubículo le recomienda a su compañero Romualdo Tishudo:-Si ves que estoy trabajando con estos documentos, me hacés la campaña de despertarme).