Elogian plan anticrisis argentino pero hay reparos a blanqueo de capitales.
El plan gubernamental de impulso al empleo y la producción para paliar los efectos de la crisis financiera global en Argentina recibió elogios de economistas que, sin embargo, expresaron reparos sobre la efectividad de la iniciativa para el blanqueo de capitales.
«Los incentivos al empleo van en el buen sentido. En el caso de la (condonación) de deudas para las pequeñas empresas, los cambios pueden funcionar si se dan incentivos a mediano plazo», dijo a la prensa Juan Luis Bour, economista de la fundación Fiel, de orientación liberal.
Sin embargo, la decisión de otorgar beneficios a la repatriación y blanqueo de capitales, que como el resto de las medidas anunciadas el martes por la presidenta Cristina Kirchner deberá ser aprobada por el Congreso, abrió un abanico de dudas.
«Se trata de una medida importante, pero también hay que dar señales concretas a los inversores de que no hay presión sobre el tipo de cambio y de que la moneda no se va a devaluar, teniendo en cuenta que el dinero (que se blanquee) se transformará en pesos», advirtió Jorge Tedesca, economista de Finsoport.
La Unión Industrial Argentina (UIA), que nuclea a poderosos empresarios, viene reclamando una devaluación del peso argentino hasta 3,50 por dólar –actualmente cotiza a 3,35–, aunque sus representantes se mostraron satisfechos con los anuncios.
Los capitales fugados de Argentina superan los 100.000 millones de dólares, según estimaciones del sector privado, pero el ministro de Economía, Carlos Fernández, dijo a la AFP que «esa cifra no puede estimarse aunque sabemos que muy alta».
Para Rodrigo Alvarez, economista de Ecolatina, apelar a la repatriación de capitales «es una prueba más de que en 2009 van a faltar dólares en la economía, especialmente a partir de la caída del saldo de la balanza comercial».
Argentina es una potencia exportadora de alimentos, pero la caída del precio de materias primas agrícolas, como la soja, reducirá el ingreso de divisas, con consecuencias negativas para el superávit fiscal, que el gobierno estipuló en 3,27% para 2009.
Otro temor expuesto por economistas ortodoxos y opositores es que Argentina no pueda enfrentar los vencimientos de deuda pública por unos 20.000 millones de dólares en 2009, de los cuales las necesidades de financiamiento alcanzan a unos 11.800 millones de dólares.
El gobierno, en cambio, asegura que podrá afrontar los vencimientos del año próximo.
Tras los anuncios resurgieron voces que acusan a la presidenta peronista socialdemócrata y a su marido y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2007), de divulgar ambiciosos planes en el sector de infraestructura, que no se concretan en los tiempos previstos.
«El gobierno se convirtió en una gran máquina de anuncios, pero después las demoras son crónicas, y eso genera el riesgo de que haya sobreprecios para concretarlas», afirmó la diputada opositora Fernanda Reyes.
Reyes citó datos del oficial Banco de Proyectos de Inversión Pública (Bapin) según los cuales de las 7.531 iniciativas que se pusieron en marcha desde 2003 sólo un 8,5% están terminadas, mientras 3.700 aún no arrancaron y se estudia su factibilidad.
Otros anuncios como el pago de una deuda de 6.700 millones de dólares al Club de París y la apertura de negociaciones para cancelar la deuda con los tenedores de bonos que rechazaron el canje de 2005, quedaron suspendidos a raíz del vendaval financiero mundial derivado de la crisis de hipotecas tóxicas en Estados Unidos.
La crisis global provocó además el aplazamiento del ambicioso proyecto para construir un tren de alta velocidad en Argentina, ya adjudicado a un consorcio encabezado por el grupo francés Alstom.
Kirchner anunció también un megaplán de obras públicas por 21.000 millones de dólares para reactivar la construcción, uno de los pilares del crecimiento industrial desde 2003, con el que se prevé crear unos 360.000 puestos de trabajo.
También anunció la creación de un Ministerio de la Producción, la regularización tributaria y condonación de deudas para pequeñas empresas, además de medidas de promoción del empleo, que serán sometidas al Congreso.