La Fiscalía General de la Nación es una pieza fundamental para promover la justicia y, de esta manera, propiciar la Democracia y el Desarrollo en Guatemala. Parte de sus funciones, según la ley Orgánica del Ministerio Público es: Investigar los delitos de acción pública y promover la persecución penal ante los tribunales, según las facultades que le confieren la Constitución, las Leyes de la República de Guatemala, y los Tratados y Convenios Internacionales.
La Fiscal General, Claudia Paz y Paz, inició proceso contra un exdictador por genocidio y esto le generó la enemistad de poderosos miembros de las supercúpulas económicas y de las élites políticas de Guatemala. Así perdió la alternativa de reelección.
Durante su ejercicio, Claudia Paz y Paz se hizo cargo de asuntos judiciales sumamente espinosos, tales como investigar y promover la persecución penal de las máximas figuras del narcotráfico y afrontó la impunidad.
Pero mientras ella clasificó en el segundo lugar entre todos los candidatos al puesto, la doctora Paz y Paz no estuvo dentro de la lista de seis abogados aprobados por el Comité de Postulación. De esa manera eliminaron su reelección y quedó abierta la ventana a la impunidad.
La decisión de excluir a la licenciada Claudia Paz y Paz de la lista preocupó a los expertos nacionales e internacionales que siguieron el proceso muy de cerca. Iván Velásquez, cabeza de la CICIG, expresó: “Las acciones de algunos de los encargados de hacer la selección son poco menos que asombrosas”.
“Es sorprendente que la Fiscal General Paz y Paz no esté en la lista después de tres años de trabajo excelente como cabeza del Ministerio Público”, siguió diciendo el jefe de la CICIG, exfiscal y magistrado de Investigación en Colombia.
El Comité de Postulación estuvo formado por once decanos, dos miembros del Colegio de Abogados y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Arturo Sierra. Sus reuniones fueron públicas en un esfuerzo por darle transparencia al proceso. Según el NY Times, cuando un reportero de Siglo.21 preguntó al señor Sierra si se había realizado algún convenio para excluir a la señora Paz y Paz, él dijo: “Es posible. En estos eventos hay un poco de todo. No podemos confirmarlo ni negarlo”.
La doctora Paz y Paz, catedrática universitaria con Doctorado en Derechos Humanos, por su lucha contra el crimen ganó la admiración y el soporte de Washington y fue sumamente elogiada internacionalmente por grupos de Derechos Humanos.
Pero procesar judicialmente a Ríos Montt por genocida en conexión con las masacres de los pueblos ixiles en 1982 y 83 durante la brutal guerra civil, fue duramente atacada por los columnistas al servicio del conservadurismo guatemalteco. En mayo pasado, diez días después de declarar culpable a Ríos Montt, la Corte de Constitucionalidad, con un obscuro tecnicismo, anuló el fallo.
La misma Corte, la más alta de Guatemala, falló a favor de la demanda de un industrial conservador, lo que redujo, de una manera legaloide, siete meses el ejercicio como Fiscal de la doctora Paz y Paz…