Sirva el anterior párrafo como breve introducción a mi intento de enumerar resumidamente las más importantes puntualizaciones que hicieron tres participantes en el foro «Por la vida y la seguridad de la mujer», efectuado recientemente, incluyendo las observaciones del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, que cobran especial importancia por el cargo que ocupa.

El titular de la cartera del Interior admitió que Guatemala enfrenta la muerte sistemática y violenta de mujeres, al extremo que de enero a septiembre del año en curso fueron asesinadas 604 personas del sexo femenino (como machaconamente insisten en decir los reporteros televisivos), de cuyo total el 80 por ciento ha sido cometido por individuos cercanos o conocidos de la ví­ctima, de modo que solamente en el mes de octubre fueron ultimadas 200 mujeres en el interior de sus habitaciones.

Detalló el ministro Jiménez que su despacho, por medio de varias dependencias, en especial la Policí­a Nacional Civil, trabaja en tres ejes e igual número de polí­ticas en la problemática de la violencia contra las mujeres: preventiva, investigativa e informativa, habiendo explicado cada una de las fases.

Por su parte, Norma Cruz, directora de la Fundación de Sobrevivientes, señaló que el crecimiento de la violencia en general y de las mujeres en particular demanda un abordaje multidisciplinario, puesto que a pesar de la vigencia de legislación interna y convenios internacionales suscritos por el Estado de Guatemala, las mujeres siguen siendo ví­ctimas de la violencia en todas sus formas.

Durante los últimos años -precisó- se ha registrado «un quiebre del contrato social que establecí­a y asignaba determinadas funciones a hombres y mujeres»; pero actualmente éstas juegan un rol activo y protagónico en la sociedad, lo que ha afectado la estructura patriarcal que sigue vigente, «y esta estructura reacciona y nos mata». A pesar de que entró en vigencia la Ley contra el Femicidio, es necesario aprobar otras normativas que frenen la violencia, como la ley de armas y municiones, que no termina de discutirse y aprobarse en el Congreso.

Otro participante en el citado foro fue el Comisionado de la CICIG, Carlos Castresana, quien subrayó que es un hecho que en Guatemala las mujeres no disfrutan de sus derechos de igualdad como los hombres, porque sufren de profunda discriminación, pero de poco sirve superar la desigualdad de género si no es posible erradicar la violencia en general.

Enfatizó al decir que en Guatemala coexisten dos tipos de violencia: la tradicional y la «moderna». La primera ocurre en el hogar, en el seno de la familia, en el trabajo y el vecindario, y, la otra, es producto del despegue que ha tenido la mujer en el ámbito polí­tico, de suerte que las mujeres son asesinadas dentro y fuera de su entorno, e indicó una contradicción, en el sentido de que cuanto más libre es una mujer, mayor es la violencia que reactiva y provoca.

Castresana aseveró que hasta ahora la respuesta institucional ha sido extremadamente pobre, y aunque en el Ministerio Público se están sentando las bases del trabajo contra la violencia en general y de género, aún es incipiente, pero progresa. Agregó que este trágico panorama de asesinatos y de violencia cambiará si se termina con el paradigma del silencio y la impunidad, siendo necesario adoptar medidas legislativas, judiciales y educativas, y que, en todo caso, la represión contra los sujetos violentos debe ser ejecutada por profesionales, pero que la prevención corresponde a toda la sociedad.

(Una esposa maltratada le comenta a Romualdo: Mi marido se levanta temprano, hace ejercicios, reza, desayuna, trabaja en un taller, almuerza, hace deporte, cena y se acuesta… Ojalá que siga así­ cuando cumpla su condena por violencia intrafamiliar).