El Juzgado Primero de Primera Instancia resolvió retirar cuatro delitos a un grupo de procesados con presunta vinculación a los Zetas, capturados en Izabal en febrero último.

Los abogados de los procesados solicitaron la reforma de los delitos asegurando que sus clientes llevaban los permisos para portar las armas incautadas, lo cual fue aceptado por la Presidenta de la citada judicatura.

Carol Patricia Flores, jueza Primera de Primera Instancia, resolvió con lugar la petición de retirar del proceso los delitos de portación ilegal de arma de fuego ofensivas, tenencia ilegal de explosivos, transporte ilegal de municiones y asociaciones ilí­citas.

Aunque la juzgadora no otorgó a los procesados una medida sustitutiva, como lo solicitó la defensa, únicamente los ligó a proceso por los ilí­citos de portación ilegal de armas defensivas y atentado.

í“scar Méndez, abogado de los sindicados, expuso que todos sus defendidos tení­an las respectivas licencias para portar las armas incautadas y que continuarán las acciones para «solucionar la situación jurí­dica de ellos (detenidos)».

La resolución de la jueza benefició a: Byron Vargas Sosa, de 36 años; Rodrigo Orellana Recinos, de 38; Esteban Bolvito Pérez, de 36; Selvin Galindo Choc Sam, de 31; Mario Enrique Cocoj Quiej, de 25, y Ricardo Quin Guitz, de 30.

Los arriba citados fueron detenidos el 15 de febrero último en el kilómetro 275 de la ruta que de Rí­o Dulce conduce hacia el Castillo de San Felipe. La Policí­a Nacional Civil les incautó dos vehí­culos y un arsenal consistente en cuatro fusiles AR-15, ocho pistolas calibre 40 mm y 330 cartuchos útiles.

Sus defensores presentaron como pruebas los permisos extendidos por el Departamento de Control de Armas y Municiones y varias declaraciones testimoniales en favor de los sindicados, sin embargo, continuarán en prisión por dos de los delitos imputados por el Ministerio Público.