La eliminación del secreto bancario, que pretende corroborar las cuentas de los contribuyentes sospechosos de evasión fiscal, puede utilizarse también para verificar la procedencia de los fondos de los partidos políticos que podrían lavar dinero con su campaña electoral; dado que las instituciones fiscalizadoras se encuentran limitadas en este aspecto, esta reforma es la única solución.
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í‰dgar Barquín, presidente del Banco de Guatemala, anunció que en enero de 2011 se presentará la iniciativa para eliminar el secreto bancario. Si se llega a aprobar, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) podrá cruzar información bancaria de los contribuyentes en conjunto con la Superintendencia de Bancos (SIB), de quienes se tenga sospechas de evasión fiscal.
En ese sentido, el diputado independiente Aníbal García manifestó que la eliminación del secreto bancario sería «quizás la única forma de saber de dónde provienen los recursos económicos que financian campañas proselitistas multimillonarias, aun cuando la reforma no es exclusiva para fiscalizar a los partidos políticos».
La SIB reconoce que a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de conformidad con la normativa contra el lavado de dinero u otros activos, tiene delimitadas sus funciones. «La IVE puede instruir a las personas obligadas bajo esta normativa para que apliquen controles especiales. Los partidos políticos no son personas obligadas».
El diputado destaca que es el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el que, de una forma u otra, tiene las facultades para fiscalizar el financiamiento de los partidos políticos; «la mayor debilidad está en el TSE, ya que es falso que el TSE fiscalice el manejo y el financiamiento de todos los partidos políticos, especialmente los que hacen campañas multimillonarias, eso es imposible, nunca lo han hecho; lo que hacen es recibir algunos informes financieros de los partidos, pero una fiscalización profesional y responsable no existe», sentenció.
La diputada Nineth Montenegro comentó que la reforma que eliminaría el secreto bancario, de aprobarse, no solo ayudaría a mejorar la recaudación, también podría servir como un mecanismo para evitar que en las campañas electorales se lave dinero por penetración de las «mafias».
Sin embargo, el diputado unionista Mariano Rayo aclaró que el secreto bancario no existe, es un término mal empleado y que la reforma no será exclusiva para fiscalizar partidos políticos, se utilizará para revisar las cuentas de cualquier contribuyente del que se tenga sospecha de evasión fiscal.
Luego que el Tribunal Supremo Electoral emitiera más sanciones en contra de los partidos políticos por hacer campaña anticipada, la Coalición de Civismo Electoral hizo un llamado a los políticos para firmar el pacto ético, propuesto por las autoridades.
José Dávila, integrante de la Coalición, resaltó que «es un círculo vicioso, con un tribunal que no puede con una multa muy baja, con unos partidos que se las quieren llevar de vivos y una ciudadanía que no puede hacer nada y sólo puede ser víctima», por lo que los partidos políticos se aprovechan de eso, criticó. La próxima reunión para discutir el pacto ético está programada para el 13 de enero del 2011.