Ricardo Marroquín Rosada
Centro de Estudios Estratégicos y de Seguridad para Centroamérica CEESC
Guatemala vive el peor periodo de violencia desde la firma de la paz. El crimen organizado se ha fortalecido e incrementado, la corrupción corroe a la sociedad y la impunidad está garantizada para aquellos que violan la ley y tienen poder para comprar, obstruir o inhibir a la justicia.
En forma paralela se ha ido debilitando al Estado y las instituciones de seguridad y justicia de la Nación no han escapado a esta corriente. No se puede enfrentar al crimen organizado, si se carece de una policía profesional, si no hay inteligencia civil, si no hay investigación criminal, si el sistema penitenciario no funciona, si el Ministerio Público está colapsado, etc.
Durante la presente campaña política se han realizado un sinnúmero de encuestas y en la mayor parte de ellas los guatemaltecos señalan la inseguridad como su principal preocupación.
UNE y PP con acciones similares
Los dos partidos políticos que pasan a la segunda vuelta electoral han elaborado su propuesta para resolver la problemática de la seguridad y la justicia en Guatemala: El partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) propone la Política de Seguridad y Estado de Derecho y el Partido Patriota (PP) propone la Política de Seguridad Democrática y Justicia.
Ambas propuestas contemplan acciones similares para el establecimiento de la seguridad y la justicia en el país; sin embargo, no logran plantear una estructura terminada de lo que debería ser el Sistema Nacional de Seguridad y el Sistema Nacional de Justicia. Es decir, todavía falta en las propuestas partidarias señalar una ruta crítica que tome en consideración aspectos, tanto institucionales como de procesos, para presentar un diseño de cómo pretenden solucionar la problemática de seguridad y justicia en el país.
Indudablemente el debate sobre el tema de seguridad y justicia entre los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta electoral será seguido por los guatemaltecos con suma atención, y probablemente será el tema de mayor peso para quienes decidan votar en noviembre próximo.
Las propuesta de seguridad y justicia debe de contemplar dos temporalidades: a) La agenda de corto plazo que se enfoque a disminuir la violencia y garantizar el derecho fundamental a la vida, el ahora, b) la agenda estratégica que se enfoca a implementar las acciones e instrumentos de carácter preventivo y reactivo para garantizar la seguridad de la sociedad guatemalteca en forma duradera y permanente.
Las propuestas de los dos partidos deberían detallar y priorizar respecto a los programas que hacen viables las dos agendas, la de corto plazo y la estratégica, particularmente el Programa de Reformas al Sector Seguridad y Justicia, el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención y el Programa Contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Común.
El Programa de Reformas al Sector Seguridad y Justicia debe explicar qué hacer respecto al:
1) Fortalecimiento institucional: qué instituciones del sector seguridad y justicia se comprometen a implementar y fortalecer, explicitando como fortalecerán al recurso humano, que harán respecto a lo tecnológico, lo material y lo físico.
2) Fortalecimiento normativo: qué agenda legislativa en el tema de seguridad y justicia se comprometen a promover y aprobar.
3) Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional en el sector seguridad y justicia: cómo proponen superar los graves problemas de descoordinación, desconfianza y falta de apoyo interinstitucionales.
El Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención debe explicar qué hacer respecto a:
4) Seguridad Preventiva, particularmente qué proponen respecto a: Prevención de la violencia, política de desarme, política de desarrollo social, reinserción y no reincidencia, prevención para niñez y adolescencia.
5) Participación ciudadana, qué propone para garantizar la participación e incidencia ciudadana en el proyecto de seguridad y justicia que impulsen.
6) Controles democráticos, cuáles controles proponen y como garantizan su efectividad.
El Programa contra el crimen organizado y delincuencia común debe explicar qué hacer respecto a:
7) Política y programa de combate al crimen. Este tema debe ser explicitado y establecer claramente el compromiso o no de actuar dentro del Estado de Derecho y con respeto a los Derechos Humanos, se debe señalar la temporalidad de las medidas extraordinarias que consideren pertinentes aplicar.
8) Política de persecución penal del sector justicia: cómo plantean el apoyo y coordinación con el Organismo Judicial.
9) Política de persecución penal del Ministerio Público: cómo plantean el apoyo y coordinación con el MP.
10) Programa de cooperación, coordinación y apoyo regional.
Por último, pero no menos importante los partidos deberían recalcar los postulados políticos que sustentan su política de Seguridad y Justicia.