Mientras en el mundo se habla ya de derechos humanos de segunda y tercera generación, el elemental derecho a la vida sigue siendo precario en nuestra Guatemala y el Estado no es capaz siquiera de garantizarlo. En efecto, qué podemos hablar hoy de los derechos humanos, al conmemorar los sesenta años de la Declaración Universal, si vivimos en un país donde no existe instrumento que permita a los ciudadanos el goce del más fundamental de todos los derechos, como es el que tenemos a la vida misma.
La Constitución Política de la República de Guatemala dice que el Estado se organiza con la finalidad de proteger a la persona y a la familia y dice que es deber esencial de ese Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. No hace falta hacer acotaciones para evidenciar que si tales son los deberes fundamentales del Estado de Guatemala, ha fallado estrepitosamente en el cumplimiento de sus fines.
Sesenta años después de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ideal sería que la humanidad estuviera ya ocupada de la protección de los derechos económicos y sociales, pero no sólo en Guatemala sino en muchos países existe aún incapacidad para cumplir con la garantía de los derechos esenciales. En ese contexto, el día de hoy tiene que ser un día de vergí¼enza para los guatemaltecos por la inutilidad de nuestras instituciones para asegurar por lo menos el derecho a la vida de todos los habitantes de la República.
Cierto es que de las condiciones que vivimos durante el conflicto interno, cuando fue política de Estado la violación de los derechos humanos y se diseñaron campañas sistemáticas para asesinar a reales o supuestos opositores al régimen, han sido superadas tras la firma de la paz y ahora no puede decirse que exista una política con esa siniestra finalidad. Pero el incumplimiento de los deberes más importantes del Estado constituye una grosera violación del elemental derecho humano a la seguridad porque los habitantes de nuestro país literalmente vivimos con la camisa levantada por la incapacidad más absoluta de las autoridades para diseñar estrategias de combate al crimen y que, por lo menos, permitan la aplicación de la ley a quienes delinquen.
A la hora del balance más importante, poco relevante es si las muertes son por la aplicación de una política de Estado o si se producen por la ausencia de una política de Estado para proteger a los ciudadanos. El caso es que la gente se está muriendo, que la inseguridad campea y que no hay plena vigencia de los derechos humanos.