La inminente presencia del proceso electoral guatemalteco es motivo de especial preocupación en diversos sectores de la sociedad guatemalteca para analizar si los partidos políticos han expuesto en sus programas de gobierno el tema migratorio y, en especial, el relativo a la trata de seres humanos. La respuesta, lamentablemente, es negativa.
Con excepción de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien ha analizado con detenimiento crear una Secretaría del Migrante con el propósito de otorgar especial atención a guatemaltecos y guatemaltecas migrantes laborales en el extranjero por motivos de carácter económico, político o social. Es posible afirmar que otras organizaciones no tienen interés por el análisis de este tema. Y menos el relativo al tráfico de personas.
Considerando esta situación, debe hacerse énfasis en destacar la ausencia de una política migratoria en Guatemala. Los anteriores gobiernos no lo planificaron y el actual régimen nunca planteó una iniciativa para formularla. En este contexto debe hacerse un llamado de atención a las organizaciones políticas de Guatemala inmersas en el actual proceso electoral que tampoco presenten una alternativa para asumir el diálogo a este hecho.
La trata de seres humanos es un problema vigente en la problemática migratoria internacional. Desde el inicio del siglo anterior se le ubicó como trata de blancas. Un término para referirse a la prostitución. Posteriormente se anuló y, en la actualidad, se ubica como trata de seres humanos, la cual es un negocio con millonarias utilidades vinculada a la actividad criminal de la prostitución, venta de armas, y lavado de dinero. Si esta realidad no interesa a los actuales candidatos a la presidencia de Guatemala, significa que no han asumido el contenido social para afrontar este problema y la perspectiva de legislar sobre el mismo se esfumará en retóricas electorales.
Los partidos políticos en Guatemala tienen la obligación de proponerse la prevención y combate a la trata de personas por medio de una ley en la cual se estipule la protección a guatemaltecos y guatemaltecas y sancionar a los traficantes. Cualquier gobierno producto de las elecciones del próximo nueve de septiembre en Guatemala, debe asumir la necesidad de establecer la superación del artículo 194 del código penal referente a la definición y otros aspectos de la trata de seres humanos para comprender que afecta los derechos de las personas y no únicamente lo relacionado con normas migratorias.
Las nuevas autoridades en Guatemala que asumirán el gobierno el 14 de enero de 2008, tienen la obligación socioeconómica de superar los niveles elevados de pobreza, desempleo, violencia contra la mujer, discriminación social y vulnerabilidad contra los sectores populares para que guatemaltecos y guatemaltecas tengan el derecho a vivir en su país sin ser forzados a ejercer la prostitución, integrar formas de esclavitud, matrimonios de obligatoriedad, o servidumbre de esclavitud, realizados por medio de la coerción, engaño y fraude, en especial contra menores de edad.
La sociedad guatemalteca no está exenta de la problemática de la trata de seres humanos y los partidos políticos deben realizar un diagnóstico con relación a su incidencia en la vida nacional para tener información veraz sobre la magnitud del problema. La trata de personas en Guatemala es un problema vinculado al crimen organizado y ciudadanos y ciudadanas son víctimas de este delito, considerado de lesa humanidad.
Ciudadanos y ciudadanas de Guatemala empiezan hoy a comprender lo negativo del hecho criminal que se llama trata de seres humanos. Nunca se puede asumir la acción criminal que determina tratar a hombres y mujeres como mercancías. Este aspecto señala la necesidad de que los partidos políticos guatemaltecos elaboren un diagnóstico general con relación al problema de la trata de seres humanos para armonizar la acción legislativa nacional y su relación con tratados internacionales.
Se puede afirmar entonces que la importancia a asumir por parte de los partidos políticos de Guatemala para desarrollar un diagnóstico de la trata de seres humanos, se encuentra en el hecho de anular las falsas promesas de empleo para personas que lo necesitan y, por desconocimiento, realizar un viaje cuyas implicaciones serán la prostitución, el tráfico de órganos, el comercio sexual, la esclavitud laboral, pornografía y otros.
Un diagnóstico relativo a la trata de seres humanos por parte de los actuales partidos políticos de Guatemala que tiene el objetivo de pretenden ejercer el poder a partir de 2008, significa crear instrumentos efectivos para combatir este crimen -la trata de seres humanos- que afecta la dignidad de cualquier persona. Basta de retórica. La realidad inmersa en la cotidianidad social guatemalteca implica defender a hombres y mujeres cuya vulnerabilidad es aprovechada por los eternos pregonantes del crimen organizado.
La preocupación por las implicaciones de la trata de seres humanos incluye la opinión de personalidades religiosas, como es el caso de Juan II (Roma, mayo 2002): él planteó la necesidad de crear instrumentos jurídicos para combatir este crimen al cual calificó como «una ofensa a la dignidad humana y una grave violación a los derechos humanos».