A escasos días que la ciudadanía acuda a las urnas a elegir a sus autoridades, organizaciones sociales e instituciones pro defensa de los derechos humanos de Huehuetenango señalan que el actual proceso electoral cada día se complica más y temen que la conflictividad pueda agravarse posteriormente.
A decir de dirigentes sociales y representantes de instituciones oficiales, las experiencias en procesos eleccionarios pasados podrían repetirse, debido al sombrío escenario partidista que surge a partir de la conflictividad generada por presuntas irregularidades en administraciones ediles, el intento de reelección de 21 de los 32 alcaldes y la disputa del poder por el narcotráfico.
El delegado de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), Byron Herrera, coincide con representantes de la Asamblea Departamental por la Defensa de los Recursos Naturales de Huehuetenango (ADH), al señalar que en algunos municipios la conflictividad será propiciada por los propios alcaldes que buscan la reelección, por la disputa del poder y el control sobre los territorios.
REELECCIí“N E INMUNIDAD
De acuerdo con análisis de dirigentes de la ADH, lo que motiva a los 21 alcaldes que buscan reelegirse, al igual que a ocho de los diez diputados distritales que quieren continuar en el Congreso, es seguir gozando de los beneficios que dejan los puestos, especialmente los ingresos económicos y la inmunidad.
“Han encontrado la gallina de los huevos de oro y han aprendido a contar con dinero, saqueando los recursos del Estado y municipales a su favor, pero también les interesa la inmunidad, porque muchos funcionarios tienen reparos y hallazgos que hacen pensar que sus administraciones no han sido transparentesâ€, dijo Rubén Herrera, dirigente de la ADH.
Otros dirigentes de organizaciones sociales coinciden que el precio que han tenido algunas candidaturas a diputaciones o alcaldías ha sido millonario, lo que ha ocasionado conflictos entre los mismos partidarios y muestra que todos buscan un beneficio propio para recuperar lo invertido en campaña con negocios de las arcas municipales.
EL PODER LOCAL Y LOS INTERESES OSCUROS
A estas intenciones debe unirse el marcado interés de grupos del crimen organizado y de la narcoactividad, interesados en el control de las jurisdicciones, principalmente las fronterizas, para facilitar sus transacciones, el lavado de dinero y garantizar su impunidad.
Fuentes que pidieron reservar su identidad aseguran que en municipios como La Democracia, Nentón, Barillas, Cuilco, Jacaltenango, entre otros de la región Huista, varias candidaturas a alcaldías y determinadas diputaciones son financiadas con dinero ilícito.
Esto, según las fuentes, lo saben muy bien los dirigentes nacionales y presidenciables de los partidos políticos, sin embargo lo pasan por alto, lo que induce a pensar que están de acuerdo con esa clase de alianzas, aunque en discursos son rimbombantes en contra de lo ilícito y aparentan transparencia, pero en el fondo lo conocen, lo aceptan y lo toleran agrega otra fuente que prefiere el anonimato.
LA CONFLICTIVIDAD A LA ORDEN
Representantes de medios de información local coinciden en afirmar que tomando en cuenta experiencias anteriores, los problemas se darán cuando se conozcan los resultados de las votaciones, es decir, a partir del 11 de septiembre los conflictos aflorarán.
El representante de COPREDEH recordó que en Ixtahuacán, el alcalde Abelino Méndez no pudo administrar el municipio, a raíz de un conflicto con los miembros de esa Corporación y un grupo de vecinos. A pesar de eso busca nuevamente la reelección.
De resultar triunfador no se sabe lo que pueda ocurrir; lo mismo sucede con Jacaltenango, donde el jefe edil tuvo que llevarse la alcaldía a otro lugar; mientras que en Soloma, hay rivalidades entre la iglesia católica y las autoridades, y cada grupo tiene su candidato.
Aguacatán es otro municipio donde podrían resurgir problemas como sucedió con la anterior Corporación; se sabe que el ex alcalde que enfrentó conflictos, busca de nuevo el poder; hay otras poblaciones donde no se descartan posibilidades de dificultades, como en San Miguel Acatán, San Gaspar Ixchil, Colotenango y La Democracia.
Las investigaciones no avanzaron para esclarecer los asesinatos del alcalde, Delmar González de La Democracia y Juan Hernández Fabián de San Sebastián Huehuetenango, ocurridos el año pasado. El primero se atribuye a grupos ligados al narcotráfico y el segundo a rivalidades partidistas, en este caso se perfilaba como candidato a ganar un período más y ahora el que compite es uno de sus hijos.
COMITí‰S CíVICOS DESAPARECEN
Por otro lado, se lamenta la falta de participación de comités cívicos que contendieron en elecciones pasadas, con sus propios candidatos a las alcaldías, a pesar que aún no se ha oficializado la inscripción definitiva de las planillas. Anteriormente en Aguacatán participaron por lo menos tres, también en Chiantla, Jacaltenango, Cuilco, Barillas, San Antonio Huista, entre otros, recordó Herrera.
Las agrupaciones de jóvenes y mujeres también se quejan de la poca participación e inclusión en las planillas a puestos de elección, porque continúan apareciendo como “relleno†en los listados y no se les proporcionan espacios con posibilidades de ser electos en la toma de decisiones; “los partidos políticos solo nos quieren para distribuir propagandaâ€, expresó uno de los jóvenes en un taller de capacitación.
229 EXPEDIENTES TRAMITADOS
La delegación departamental del Registro de Ciudadanos –del Tribunal Supremo Electoral– reportó al cierre de entrega de solicitudes de expedientes para inscribir candidatos, 229 planillas para corporaciones ediles y 16 diputaciones, a diferencia del proceso de 2007, cuando se inscribieron 252 corporaciones municipales y 14 diputaciones.
La delegada del RC, Flor de María Barrientos, confirmó que hasta el 4 de agosto aún no se confirmaba el total de planillas aptas para participar en los comicios del 11 de septiembre, aunque todos los expedientes fueron remitidos para su revisión en el departamento de Organizaciones Políticas del TSE, a la espera que en los próximos días se oficialicen y se entreguen las credenciales a los candidatos.
Barrientos aseveró que no se cuenta al momento con el total oficial de empadronados y empadronadas, que podrán ejercer el derecho al sufragio, pero según el portal electrónico del TSE, hasta el 30 de abril se contabilizaban en todo el departamento 480 mil 280 y en la cabecera departamental 45 mil 327, una situación positiva fue que más mujeres y jóvenes acudieron masivamente a empadronarse.
En la cabecera departamental, que hace dos años fue escenario de confrontaciones, incluso enfrentamiento entre vecinos y las fuerzas del orden público, participan doce candidatos a la alcaldía, dos de ellos han sido alcaldes y reelectos, otros buscan por tercera y hasta sexta ocasión la vara edil, pero será la población la que al final decida a quién otorgar el poder local.
EL PROCESO
El domingo 11 de septiembre, Guatemala acude a las urnas para elegir a su nuevo presidente y vicepresidente, por un período de cuatro años, del 14 de enero de 2012 al 14 de enero de 2016. Si ninguno de los candidatos obtuviera la mitad más uno de los votos, se optará por una segunda vuelta electoral a celebrar el domingo 6 de noviembre.
SEGURIDAD
Más de 22 mil agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala serán los encargados de la seguridad de las elecciones generales que se celebrarán en este país centroamericano el próximo 11 de septiembre, informaron hoy fuentes oficiales.
Un comunicado de prensa de la PNC indica que el plan de seguridad electoral, el cual fue diseñado en conjunto entre el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio del Interior, iniciará a partir del 9 de septiembre, y concluirá cuando las autoridades electorales lo indiquen.
En los planes de seguridad, precisó la PNC, participarán los 22.188 agentes de las 651 sedes policiales distribuidas a nivel nacional y que son coordinadas por las 27 comisarías del país.
Los agentes, que según la legislación guatemalteca no pueden ejercer su derecho a voto mientras se encuentren de alta en la institución, tendrán a su disposición un parque de 2.259 vehículos y 950 motocicletas.
Además de garantizar la vigilancia y seguridad en los centros de votación y sedes del Registro de Ciudadanos y Tribunal Supremo Electoral, la PNC tiene contemplado planes específicos de acción ante posibles eventos de violencia relacionados con el proceso electoral.
«Los agentes se ubicaran en puentes y centros de distribución y generación de energía eléctrica, además de ubicar estratégicamente a equipos de las Fuerzas Especiales de Policía en el interior del país», precisó la PNC.