Sin caer en el pesimismo enfermizo de quienes sólo ven los aspectos negativos de las cosas, las circunstancias concretas que rodean al actual proceso electoral, no pintan panorama sano que garantice la pureza del mismo. La debilidad, inseguridad y falta de carácter del Tribunal Supremo Electoral, así como los escándalos en la Policía Nacional Civil y en el Ejército Nacional; la violencia que hemos visto relacionada con el descontento de algunas poblaciones ante la actitud de sus autoridades locales y la tensión generada en otras localidades debido a la participación de candidatos vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado, aparte de otros fenómenos sociales y naturales (como los desastres ocasionados por las lluvias, la delincuencia común incontrolable, la crisis del transporte pesado, el conflicto entre Municipalidad capitalina y Gobierno central, entre otros), podrían ser causa de conflictos locales que podrían generalizarse fácilmente si, como hemos visto, las instituciones encargadas de mantener el orden público, no son capaces de controlarlos adecuadamente. Estas instituciones, aparte de la debilidad de sus estructuras internas debido a los escándalos por corrupción y al consiguiente descrédito frente a la población, experimentan también un deterioro moral que ha minado su solvencia en cuanto a su capacidad de actuar en posibles conflictos sociales y políticos. Podrían darse focos violentos como el del Jueves Negro o actitudes extremas con miras a boicotear el proceso electoral. En fin, lo que estamos presenciando no pinta muy bien.
Además, la actitud de los Partidos políticos punteros en las encuestas, UNE, PP Y Gana, cada vez sube más de tono y todo apunta a que los señalamientos y campañas negras serán la tónica de los últimos días de la contienda electoral. Y si, como casi todos los indicadores lo revelan, la posibilidad de una segunda vuelta con un margen de votos bastante corto entre el primero y el segundo lugar, se hace realidad, podría pasar algo similar a lo ocurrido en México, la legitimidad del poder se pondría en entredicho y las partes derrotadas difícilmente aceptarían de primas a primeras el argumento contundente de la democracia, es decir, la voluntad de la mayoría.
Los planes de contingencia deben estar preparados aunque las instituciones y autoridades no tengan la solvencia necesaria para implementarlos. Peor es nada. Lo cierto es que, entre tanto escándalo por corrupción, difícilmente este proceso electoral se salve y se mantenga inmaculado y pulcro. Lo más lógico es pensar en lo contrario, aunque desearíamos, de verdad, estar totalmente equivocados.
Podemos pecar de exagerados pero, en todo caso, vale más que pecar por ingenuos y confiados.