Una puerta grande de madera, cerrada. Seguridad resguardando la entrada. Una mesa de vidrio ovalada y alrededor de ella, trece magistrados sentados. Desde la segunda semana de septiembre se reúnen tratando de decidir quién será el próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Organismo Judicial (OJ).
Luego de catorce rondas de votación, han surgido cuatro candidatos, y dos de ellos se mantienen: Luis Alberto Pineda Roca y José Arturo Sierra, con el apoyo de seis y siete magistrados, respectivamente.
En esa decisión no solo está en juego la presidencia de un organismo de estado en el próximo año, último de esta magistratura, sino también las representaciones en las comisiones que elegirán al Fiscal General y jefe del Ministerio Público, así como a los magistrados de las Salas de Apelaciones.
Así, en privado se delinea el futuro del sistema de justicia. Y ahora, con Erick Álvarez como presidente en funciones de la Corte, es más difuso todo porque decidió trasladar la información de las sesiones plenarias, por medio de comunicados de prensa, y no a través de conferencias, donde los periodistas teníamos la oportunidad de cuestionar las declaraciones de los funcionarios.
Yo, como muchos, quiero saber la verdad y movimientos poco transparentes asustan; a los administradores y operarios de justicia debe clavárseles dentro de la piel los más de 16 pares de ojos que a diario apagan su mirada solo por hechos de violencia, y los del resto de millones de personas que esperamos que se haga la justicia que se tenga que hacer, y que nada se interponga entre eso.
Magistrados, yo respeto mucho la justicia, y creo en ella, y por eso pido que en sus reuniones privadas, donde solo ustedes y las personas que esperan beneficios de sus cargos públicos saben lo que se habla, no olviden que aquí, del otro lado de la puerta está toda una nación esperando que respondan a intereses colectivos, y no individuales.
Como periodista he observado que se han puesto en marcha proyectos de beneficio para el acceso a una justicia pronta y cumplida. Por eso me preocupa que lo poco, pero importante que se ha logrado, se pierda entre los planes bien armados y estrategias que atienden únicamente a los requerimientos de las personas que en Guatemala siempre se han beneficiado de la impunidad.
Todavía hay un caso por genocidio pendiente, una mujer que como miles no aparece desde hace años, 3 mil 336 personas esperando justicia por el robo de sus ahorros, seis campesinos muertos por protestar, nombres que en este espacio son impronunciables por su inmensidad, vidas, recursos del Estado y actos de corrupción se han vuelto hojas de papel entre expedientes judiciales.
Mientras tanto, la CSJ se encuentra en impasse, estancada en diálogos sin resultados hasta ahora evidentes; los magistrados se mantienen constantes en sus votaciones, y solo falta que llegue el detonante de los poderes que se juegan a lo interno del Poder Judicial.
Los guatemaltecos tenemos derecho a confiar en las instituciones, y aunque éstas estén en crisis, que los esfuerzos por levantarlas no mengüen, sino que se potencien, que se alejen de la corrupción para que tengamos algo parecido a lo que dijo José Mujica sobre la justicia uruguaya: “Tiene (el país) una justicia bastante lenta, pero ni por asomo es comprable; será lerda por burocrática o porque no tiene medios”.