Cada año la CGCN plantea decenas de denuncias por anomalías en la ejecución financiera de las instituciones del Estado, pero estas no siguen su curso en el sistema de justicia:

Conocedores creen que el problema está relacionado con la naturaleza misma de la Contraloría, la ineficiencia del MP y la complicidad de las instituciones con los corruptos.

La Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN) tiene la potestad de evaluar la gestión financiera de los organismos del Estado, municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas, y eso la convierte en la piedra angular en la lucha contra la corrupción.

Su papel de incidencia en materia de transparencia se concreta al realizar auditorías del gasto público y la presentación de denuncias en el Ministerio Público (MP), para que se inicien procesos de investigación en los casos de mal manejo de los recursos.

De esa cuenta, la CGCN  y el MP tienen el poder para que las denuncias de corrupción o el mal manejo de los recursos sigan su curso ante la justicia o por el contrario, se detengan. Y esto último es lo que genera más preocupación en la opinión pública, ante la falta de procesos en los juzgados por los delitos reconocidos en la Ley contra la Corrupción.

Conocedores del tema creen que no es una casualidad que las 727 denuncias planteadas por la CGCN desde el 2011 sobre el mal manejo de recursos se estanquen y atribuyen esa situación al juego de poder e intereses dentro de la institución, que sale a luz en cada proceso de elección, aunque también a la debilidad institucional del MP para investigar los casos.

INTERESES Y GASTOS ONEROSOS

En el marco del proceso de elección a Contralor salen a luz las onerosas campañas de los grupos de contadores y auditores que tienen interés en impulsar a sus candidatos para el cargo.

Una denuncia realizada por un miembro del Sindicato de Trabajadores de la Contraloría General de Cuentas (Sintracgcn), quien no quiso identificarse por temor a perder su empleo, dijo que dentro de esa institución existen contralores públicos y auditores con altas capacidades para ocupar el cargo de Contralor General, pero no participan porque los fondos que se necesitan para hacer campañas sobrepasan su capacidad de inversión.

Según el sindicalista, la politización en la elección para el máximo representante de la CGCN inició desde la gestión del excontralor Marco Tulio Abadío porque se utilizaron excesivos recursos para impulsar campañas previas a la elección de Contralor.

Sobre el asunto fue consultado el excontralor Carlos Mencos, quien rechazó los señalamientos del sindicalista, pero no descartó que los procesos se tornen políticos, ya que desde el momento en que los aspirantes al cargo deciden ingresar en planilla hay un flujo de intereses que desean apoyar a un candidato en particular por temas de su interés.

Es preciso resaltar que la Constitución Política de la República otorga la potestad al Congreso para que haga la elección del Contralor General de una nómina de seis candidatos propuestos por la Comisión de Postulación.

Y es que, según el sindicalista del Sintracgcn los togados que integran la postuladora convocada por el Congreso buscan al mejor perfil, es decir, “buscan el puesto para la persona y no la persona para el puesto, pero –deberían tomar en cuenta que– la Contraloría es una institución inminentemente técnica y debe conocer realmente que es lo que se viene hacer–”.

Ante la declaración, Mencos dijo que todos los que participan en la nómina realizan acercamientos con los partidos políticos con el fin de exponer sus planes de trabajo y después son las agrupaciones políticas las que deciden quién es el perfil más idóneo que se adapta a las líneas de ese grupo.

“Es rechazable desde cualquier punto de vista que haya campañas donde se vea el uso de recursos. En el caso de los colegios de Contadores Públicos y Auditores siempre se han llevado a cabo esos procesos de esa manera y la sociedad civil está fiscalizando al igual que los medios para saber qué tipo de actividades desarrollan cada uno de los grupos y cómo se están financiando”, puntualizó.

Ante los antecedentes, el excontralor Carlos Mencos afirmó tener la intención de presentar su expediente a la Comisión de Postulación que elegirá al nuevo Contralor General para que sea esa quien decida si es incluido o no dentro de la nómina de seis candidatos y poder así ocupar nuevamente el cargo en la CGCN.

Mencos –aunque aún no hay claridad sobre la legalidad de su candidatura– aspira a ser nuevamente Contralor con el respaldo del grupo Dignidad Profesional, que tiene unos 500 profesionales adscritos quienes hacen un aporte mensual de Q100 y según información del excontralor algunos de sus integrantes colaboran con cantidades moderadas para el desarrollo de los procesos.

Se intentó conocer la postura de la contralora Nora Segura, pero no accedió a conceder una entrevista para La Hora, pese a los reiterados intentos para contactarle.

Renzo Rosal, analista de la Universidad Rafael Landívar (URL), se refirió a las campañas que se realizan previo a la elección de Contralor, diciendo que el costo para el país de esas acciones se divide en tres perjuicios.

El primero de estos es el escenario de la impunidad, en la medida que se manipulan las elecciones; la segunda es el costo institucional porque debilita las entidades dejando al amparo la manipulación de intereses ajenos, y el tercero, es el costo social porque al hacer campañas onerosas se alienta la desconfianza de la ciudadanía respecto al papel que realizan las instituciones y en este caso la Contraloría.

PERFIL IDÓNEO

La Carta Magna en su articulado 234 especifica que el Contralor General de Cuentas será el Jefe de la Contraloría General de Cuentas y debe ser mayor de cuarenta años, guatemalteco, contador público y auditor, de reconocida honorabilidad y prestigio profesional, estar en el goce de sus derechos ciudadanos, no tener juicio pendiente en materia de cuentas y haber ejercido su profesión por lo menos diez años.

En este sentido, Mencos fue consultado para saber qué tan viable sea que el Subcontralor de Probidad de la CGCN sea electo como Contralor General e indicó que es un proceso de «espaldarazo» a quien está haciendo la gestión porque es parte del equipo que trabajó durante su periodo, pero si la gestión del Contralor “está siendo certificada e hizo un trabajo adecuado cree que los que están formando parte de su equipo también tendrían la posibilidad de aspirar a ese cargo”.

Mientras tanto, Rosal explicó que cualquier Subcontralor y cualquier otro interesado pueden optar al cargo del representante de la CGCN, pero en el caso del trabajador interno de la Contraloría tiene puntos a favor porque conocen el funcionamiento de la institución y los pone en ventaja.

Existe la posibilidad de que los sustitutos del Contralor puedan recibir un “voto de castigo si no cumplieron bien con sus funciones e incluso hayan solapado decisiones como es el caso actual, porque los subcontralores han estado a la sombra de la Contralora –Nora Segura– y han dado poco avance en los temas de competencia de la CGCN, no creo que los dos subcontralores tengan un perfil idóneo para ocupar el cargo”, destacó.

DENUNCIAS POR CORRUPCIÓN EN “SACO ROTO”

La última auditoría que realizó la administración de Nora Segura fue presentada ante el Congreso de la República como lo estipula la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. No obstante, los resultados presentados por esa institución aún se encuentran pendientes de ser remitidos a la Comisión de Finanzas Públicas y de la Moneda del Congreso.

El diputado Gudy Rivera, del Partido Patriota (PP) y presidente de dicha sala de trabajo, informó que la Presidencia del Legislativo aún no ha remitido el informe presentado por la CGCN y por ello no se ha conocido. “Tiene como seis años que la comisión no lo conoce, por tanto no lo avalan; pero cuando lo tengamos, en una reunión de la Comisión de Finanzas lo vamos a conocer”.

En ese sentido, Arístides Crespo, presidente del Congreso, contradijo las palabras de Rivera, porque en repetidas ocasiones que ha sido cuestionado sobre el tema ha manifestado que el informe ya fue remitido a la Comisión de Finanzas Públicas y de la Moneda para que inicien un proceso de análisis.

Días atrás en la entrada principal del despacho de Crespo aún se pueden observar las dieciséis cajas que presentó la CGCN al Palacio Legislativo con los hallazgos realizados durante la última auditoría que corresponden al periodo de junio 2013 a mayo de 2014.

Según información de la Unidad de Juicios Penales de la Contraloría, en este año se presentaron 102 denuncias por anomalías detectadas durante una auditoría especial realizada por esa institución, las cuales fueron remitidas a la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público.

La jefa de la Fiscalía contra la Corrupción del MP, Aura Marina López, fue consultada por las denuncias que ha presentado la CGCN a esa dirección y mencionó que la mayoría de estas ha tenido  un avance significativo a pesar del poco personal que maneja esa dirección.

Sin embargo, existen casos que aún se encuentran pendientes de ser concluidos porque la Contraloría se tarda en emitir un informe concluido y certificado, lo que tiene como consecuencia demora en la investigación.

López explicó que lo remitido por la Contraloría no es un informe oficializado de la auditoría sino solo hallazgos con los cuales se inicia la investigación y la mayoría de veces necesitan pruebas certificadas de la CGCN, pero estas no llegan porque tienen pocos auditores que concreten los hallazgos.

Se intentó saber por qué el atraso de las pruebas certificadas, así como si existe una coordinación entre la Fiscalía contra la Corrupción del MP, Intendencia de Verificación y la CGCN, pero la Contralora no atendió la visita realizada a su despacho en la zona 13.

En el tema, Renzo Rosal indicó que lo “que existe detrás de los casos de corrupción es la tendencia de solapar los mismos, es decir, a hacer los procesos de investigación más lentos en donde se encubren actores que han incurrido en actos anómalos. La coordinación de ambas instancias –Contraloría y Ministerio Público– son muy deficientes en el país, en resumen no solo en Guatemala sino que en América Latina, pero la clave está en la voluntad política”, indicó.

La Unidad de Juicios Penales de la CGCN detalla que durante el 2011 se detectaron 96 hallazgos relacionados a denuncias penales, mientras que en el 2012 se reportaron 298, y durante el 2013 se contabilizaron 231, las que fueron remitidas a la Fiscalía contra la Corrupción del MP.