La actividad electoral de cara a las elecciones generales programadas para el mes de septiembre próximo ha adelantado la elección del Procurador de los Derechos Humanos tomando en consideración que después de la convocatoria a elecciones es muy probable que los diputados tengan escasa asistencia al Congreso de la República y, por lo mismo pudiera dificultarse el proceso para designar al magistrado de conciencia. Por ello la Comisión de Derechos Humanos ha actuado con buen tino al convocar a los aspirantes, de manera que se pueda realizar la elección posiblemente antes de la Semana Santa y de esa manera solventar un compromiso de los legisladores.

La figura del Procurador de Derechos Humanos es, por naturaleza, polémica y controversial en una sociedad que sigue viendo ese tema bajo una perspectiva equivocada al considerar que se trata de proteger a los delincuentes y antisociales. No se ha llegado a entender que el trabajo del Procurador de los Derechos Humanos es para evitar abusos del Estado que afecten a los particulares y no para actuar cuando son particulares los que al cometer un delito violan algún derecho de sus semejantes. Cuando un delincuente asesina a alguien, el tema no es competencia del Procurador de Derechos Humanos sino del Ministerio Público, mientras que si el Estado incumple deberes o incurre en excesos que afectan los derechos de los particulares, esa sí­ es competencia directa del magistrado de conciencia.

Poco favor hacen para generar una cultura de comprensión profunda sobre la temática de los Derechos Humanos muchos grupos de activistas que explotan la materia en su propio beneficio sin preocuparse por difundir el concepto mismo y su objeto. En ese contexto es posible que el trabajo de un procurador que entienda sus funciones no sea bien recibido ni por la población, ni por las autoridades objeto de señalamientos, ni por los mismos grupos que se mueven en el campo de los derechos humanos. Mientras más eficiente y cabal sea la función de un procurador, más incomprendida será porque, repetimos, no existe una cultura que nos permita entender con precisión cuál es el ámbito de sus funciones y atribuciones.

Hace cuatro años fueron los grupos de activistas quienes elaboraron una terna que, al final de cuentas, sirvió al Congreso para elegir procurador. Pero tuvieron el acierto de proponer a profesionales estudiosos de la materia y no a activistas, situación que ha variado ahora.

El Congreso deberá tomar una decisión que sin duda estará marcada por la contienda polí­tica actual, pero ojalá se anteponga el interés nacional a otras consideraciones. Creemos que el mandato otorgado al doctor Sergio Morales ha sido cumplido con eficiencia y que institucionalmente al paí­s le conviene dar continuidad a sus programas, sobre todo para profundizar en la difusión del concepto mismo de los Derechos Humanos para desvirtuar la idea de que es un programa de protección a los criminales.