La población se encuentra indignada por la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que, por sus antecedentes, han sido cuestionados por la CICIG y otros sectores. Ha sido un acto que agrede a la justicia. Fue negativa la orientación brindada por el presidente Colom a los diputados, urgiéndolos a votar políticamente, cuando debió haberlos exhortado a votar éticamente. El Congreso, incapaz de buscar una solución adecuada, ha frustrado a amplios sectores del país. Hoy en día, Policía Nacional y Congreso de la República corren a la par en desprestigio.
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La reforma del sistema de justicia fue una prioridad al firmarse los Acuerdos de Paz en 1996. De hecho, muchos de los artículos que iban a ser modificados con la reforma de la Constitución en 1999 buscaban la transformación del sistema. Se sabía que los militares y otros que habían monopolizado el poder habían penetrado y corrompido las instituciones de justicia, para garantizarse la impunidad por los crímenes cometidos. Con la derrota del referendo constitucional, el muro de la impunidad se consolidó aún más. Desde entonces, el sistema de justicia se ha hecho cada vez más ineficaz y menos confiable.
¿Cómo debió haber actuado el Congreso al saberse que ocho de los candidatos ofrecían serias dudas a los ojos de la CICIG? Se entiende que no se podía «condenar» a los señalados sin haberles dado la oportunidad de la legítima defensa; pero es inconcebible que se desdeñe la voz de alerta de una comisión internacional que tiene como único objetivo evitar la impunidad y hacer que prevalezca la justicia. Correspondía al Congreso suspender el proceso de elección y realizar una investigación sobre las candidaturas en entredicho o, simplemente, descartar a los ocho candidatos. No obstante, por componendas políticas y bajo la excusa de la «soberanía» del Congreso se le dio la espalda al pueblo que clamaba por consecuencia y transparencia para promover la justicia.
¿Qué se puede hacer ahora? Los Poderes del Estado apuestan a que se trata de «un hecho consumado». Las organizaciones de la sociedad civil y muchos actores nacionales, por el contrario, utilizaremos los procedimientos legales y morales para depurar a la Corte Suprema de Justicia próxima. Es correcta la presentación de amparos contra la decisión del Congreso. Es correcto llevar ante todos los tribunales posibles este bochornoso caso, incluido el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Pero, ante todo, será posible utilizar todo tipo de mecanismos para avergonzar a los magistrados cuya ética sea inaceptable, como primer paso, procedimiento que se debe aplicar luego contra los diputados que traicionan la voluntad de quienes los han elegido.
Recibí comunicación de los columnistas de medios de prensa que están justamente indignados con la decisión del Congreso. Han planteado que nuestras columnas aparezcan en blanco para manifestar nuestro rechazo. Si bien coincido con la postura de rechazo, pienso que, más bien, debemos sumar nuestros artículos, como hago con éste, para señalar el camino que podemos recorrer juntos para recuperar la dignidad en nuestro país. Nos corresponde actuar en consecuencia, a la vez simbólica y concretamente.