Siempre recuerdo a magistrados como Miguel Prado Solares, adusto abogado, que fue el primer Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial, en la Nueva Guatemala forjada por los principios de la Revolución de Octubre, y a varones de estirpe jurídica como Arturo Herbruger, Justo Rufino Morales, Romeo Augusto de León, Marcial Méndez Montenegro, Rafael Zea Ruano, í“scar Barrios Castillo, í“scar de León Aragón, Mario Aguirre Godoy, Edmundo Vásquez Martínez, Mario Roberto Morales Franco, Alfonso Brañas y otros más, probos jurisconsultos, que le dieron dignidad al máximo tribunal de justicia.
En la mayoría de los casos señalados no hubo comisión de postulación y cuando la hubo, los magistrados siempre eran escogidos en atención a sus méritos personales y profesionales. Todos ellos se desempeñaron como verdaderos rectores de la justicia; si bien pudo haber, en algunos casos, intenciones políticas, los letrados la desvirtuaron con su idónea y ecuánime conducta.
Cuando se creó el Tribunal Supremo Electoral en 1983, se estableció por primera vez la Comisión de Postulación para la propuesta de magistrados. Me correspondió integrarla en representación de la Facultad de Derecho de la Universidad Mariano Gálvez, por impedimento legal del Decano. Conforme la ley vigente entonces, a cada facultad de derecho de las universidades privadas la representaba su decano; hoy es un representante de tales decanos. La Comisión de Postulación presidida por el Dr. Eduardo Meyer, Rector de la Usac, no solicitó hojas de vida, sino que se evaluó a los abogados que considerados idóneos para la magistratura electoral, y a los escogidos se les consultaba si aceptaban ser nominados; varios se excusaron, por lo que hasta el último día del plazo con que contábamos, se pudo completar la lista de 20 candidatos, de los cuales la Corte Suprema de Justicia escogería los titulares. (No había Congreso).
Una de las condiciones que impusimos, entre otras, fue excluir a los profesionales que hubieran formado parte, en cualquier función, de los gobiernos militares precedentes (Arana, Kjell y Lucas). Salieron designados por la CSJ Arturo Herbruger, Justo Rufino Morales, Gonzalo Menéndez de la Riva, Manuel Ruano Mejía y í“scar Barrios Castillo. Como este último resignó, lo sustituyó René Búcaro Salaverría, quien a los pocos meses renunció y en su lugar se nombró a Julio César Ordóñez. ¡Qué calidad!
No hago comparaciones con el presente; juzguen los lectores. Hoy que estamos a las puertas de una elección, se pretende crear regulaciones para el funcionamiento de las comisiones de postulación (Duda: ¿Será constitucional?), lo que pienso será inútil, porque como están las cosas, no faltarán las presiones y los intereses políticos, a pesar de la plausible intención de doña Nineth, diputada que sí trabaja.