El tema sobre la posibilidad de contar con un gobernador popularmente electo en el país cobra vida, una vez, más en Guatemala.
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Sin embargo, para arribar a esa decisión trascendental son muchos los obstáculos a vencer: materialmente la transformación del texto constitucional; ideológicamente por la mente del político.
Otra vez en la distancia está la inquietud por una reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala. Algunos jefes de bloque opinan seguros, otros con reserva por considerarlo prematuro, los demás dudan o no dominan el tema.
GRUPOS í‰TNICOS
Alejandro Arévalo, jefe del bloque unionista, dijo que un Gobernador electo popularmente es una percepción que vale la pena evaluar, pero no es nueva porque hay que recordar que antes y durante la realización de la Constitución de 1985 se dijo que Guatemala todavía no estaba preparada para esa clase de elección.
Recalcó que debido a la regionalización del país, que estuvo enfocada más frente al objetivo del conflicto armado interno, ahora «Una revisión de ese tema tendría que hacerse en función de grupos étnicos», opinó.
Pero antes de abrir las puertas para cualquier reforma constitucional, debe quedar claro que el texto constitucional no se ha desarrollado integralmente, explicó el diputado unionista.
SEGURIDAD
Alan Morán, subjefe del bloque patriota, opina que ellos tienen en su poder una iniciativa de ley sobre el tema, y ven en la idea del Gobernador con representación, una figura con mayor libertad para que cobre valor la descentralización del presupuesto y, ¿por qué no?, una seguridad más efectiva.
REFORMAS
La pasada semana, el bloque Libertad Democrática Renovada, disidente del bloque oficial, dejó flotando en el ambiente el planteamiento de reforma constitucional con el fin que los gobernadores departamentales pudieran ser electos popularmente en el mediano plazo.
Leonel Soto Arango, jefe del bloque Unión del Cambio Nacionalista (UCN), da a conocer que no menos 20 años atrás eso fue una aspiración para que Guatemala y su sociedad compleja y multicultural puedan cambiar y se vayan transformando en la medida que el poder político y económico sea descentralizado.
Soto Arango ejemplifica que es absurdo que por falta de un poder local auténtico, «en pleno Siglo XXI», todavía se decida desde la capital desde la construcción de un centro de salud hasta autorizar la plaza de un conserje.
La descentralización del poder debe ir de la mano con la de los recursos económicos, porque de nada serviría un Gobernador electo popularmente si no puede contar con los recursos necesarios para satisfacer las demandas de su departamento.
Actualmente, de forma escasa y muchas veces con atrasos llega únicamente el 10% del presupuesto para 332 municipios mientras el destino del 90% restante se decide a donde va a parar desde la capital con un pensamiento sin armonía, equidad y sí centralizado, agregó el legislador.
«En los próximos 10 años debería llegar por lo menos el 25% de los recursos a las municipalidades del país», porque un alto porcentaje de la población está y genera la riqueza en los departamentos, apuntó el diputado Soto Arango.