Antes que nada mis respetos señor Vicepresidente. Lo expreso como ciudadano porque usted, después del Presidente, representa la unidad nacional -tan necesaria- y la dignidad nacional -que deben compartir todos y cada uno de los ciudadanos. Pero también me dirijo a usted como alto funcionario que soy de otro Organismo de igual categorí­a que el Ejecutivo, por lo mismo, figuradamente soy su compañero de equipo en esta difí­cil y delicada misión que temporalmente tenemos cada quien en los respectivos y bien definidos campos de acción que no permiten interferencias. Por eso considero que en un sentido estamos del mismo lado, como dijo Hegel «Los que luchan están abrazados». Es claro que todo ciudadano tiene derecho de emitir opinión y al tenor de dispuesto en el artí­culo 35 de la Constitución Polí­tica que nos rige, las denuncias, crí­ticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos no constituyen faltas ni delitos. Ahora bien ¿de qué funcionarios estamos hablando? ¿Es válida la generalización? ¿Son todos los jueces y magistrados? ¿todos los secretarios y oficiales? No niego que al igual que en otras dependencias públicas, en el Organismo Judicial se den casos de corrupción, de clientelismo, compadrazgo, de condescendencia y de indolencia. Acaso más de los que quisiéramos y muchos, muchos, más de lo que nuestra decreciente facultad correctiva nos permite sancionar. Es nuestra triste realidad y no voy a defender lo indefendible ni confrontar (lo que menos necesitamos); tampoco voy a invocar como excusa que «esos vicios se vienen arrastrando desde siempre», ni tampoco apelar al manido recurso de que «presenten las pruebas». Sé que la corrupción se nutre de la oscuridad, de las tinieblas y pocos elementos salen a luz. Entiendo bien cuando dicen que «el buen abogado conoce las leyes y el mejor abogado conoce a los jueces». Muchos elementos nacieron torcidos, otros se ven obligados por la enfermedad de un hijo, o son tentados por las ofertas de los «buenos» abogados al punto de que no se sabe quién tiene mas culpa «el que peca por la paga o el que paga por pecar». Por eso no quiero rebatir sus declaraciones públicas de que el sistema judicial «es el más corrupto» y que «los jueces y las acciones legales son tremendamente corruptos». Creo que existen otros canales para tratar estos señalamientos directos, obviamente muy directos. Es mucho lo que se puede reflexionar respecto de sus afirmaciones, sin embargo, me quiero referir solamente a un aspecto, mas bien a una persona que puede ser Lucrecia Gómez o Juan Pérez Ixcajoc (nombres ficticios), la primera juez en un departamento de oriente que integra el Tribunal de Sentencia y que en el trimestre pasado dictó varias sentencias condenatorias en contra de sendos encausados por delitos de homicidio, violación y extorsión. Sentencias que se dictaron pese a las amenazas que recibieron los tres jueces y que unos vehí­culos con vidrios oscuros se estacionan amenazantes frente al Tribunal que contaba con tres policí­as de planta; lo mismo la licenciada González que es juez de familia y trabajo (vale por los juzgados mixtos) en un departamento del occidente, que tiene dos hijos pequeños en la capital, a cargo de la abuelita, a los que mira solamente de vez en cuando. Lleva 18 años en el Organismo Judicial desde que empezó como auxiliar de mantenimiento, luego comisaria, notificadora, oficial, juez de Paz y ahora juez de Instancia. Su mundo profesional gira alrededor del Organismo y proyecta hacer carrera aquí­, por eso da lo mejor de sí­. Y quisiera ampliar la lista e incluir a Lucas Tezén Monroy, juez de Paz de un municipio de los Cuchumatanes, a cinco horas de la cabecera. Hace su trabajo. También quiero adicionar a la juez civil de la capital que, con su equipo de oficiales, que dan ingreso a un promedio diario de 70 memoriales o que tienen que dictar 40 resoluciones delicadas e impugnables (aparte sentencias), sin contar audiencias y otras diligencias, y por lo tanto laboran hasta las siete de la noche. Y, en realidad, quisiera extender la lista a los 337 jueces de Paz, a los 41 de Instancia Penal, 129 de Sentencia Penal, a los 16 de trabajo, así­ como a los 605 secretarios, más de 3 mil oficiales que tiene a su cargo la delicada misión de preparar los proyectos de sentencias, sí­ de sentencias, muchos de ellos profesionales y los demás de avanzados estudios jurí­dicos, que a grandes rasgos perciben un salario de Q5,000 mensuales. No debo olvidar tampoco a los jueces que en los últimos años han sido asesinados. Claro que, como antes digo, habrá jueces y oficiales corruptos, en todo grupo humano lo hay, hasta en las Iglesias (de haberlos no existirí­an los tribunales) y la injusticia resalta más que la justicia como la casa sucia es mas perceptible que las limpias; pero de nuestros integrantes son dignos, son padres o madres de familia, son hijos, son hermanos, la mayorí­a invoca a Dios y acuden a sus iglesias o templos, no son seres perfectos, pero quieren ser mejores. Imaginemos qué le habrá dicho el hijo de un juez probo que leyó sus declaraciones, al recibir en la tarde a su padre: «Â¿tú también papi?». Yo que en estos cuatro años he conocido a muchos trabajadores afirmo que la gran mayorí­a es así­ señor Vicepresidente. Puede verse que el vaso está medio vací­o, yo creo que está medio lleno, casi lleno. Es nuestro elemento humano; debemos supervisarlo ¡claro está! pero también motivarlo. Mucho tenemos que hacer internamente, otras cosas debemos coordinar con otras instituciones, necesitamos mejor presupuesto, mejores instalaciones y en todo caso mejor comunicación con los demás miembros del equipo que está al servicio del pueblo.