El mes que terminó fue problemático para los usuarios del transporte urbano. No dejaron de poner en la balanza de la crí­tica pública, que cuando se suspende el servicio, al final el pasajero es el primer perdedor.

Reprocharon que es la misma lista de inconvenientes: sorpresivas huelgas, horas de espera en las paradas, riesgos al abordar picops, atrasos para llegar al trabajo, mayor gasto por utilizar taxi, daño al presupuesto familiar, asaltos, muerte, promesas para mejorar el servicio, amenazas de incremento de Q1 a Q4.50, pero sin esperanza que las autoridades resuelvan el problema con seriedad e impriman valor agregado al servicio, a favor del usuario, alegaron.

La población que no puede dejar de usar autobuses para desplazarse por las distintas zonas de la capital, sufrieron la paralización de varias rutas durante tres dí­as. Trabajadores, comerciantes y estudiantes encontraron dificultad para movilizarse de Jocotales, zona 6, hacia el Centro Histórico y otros puntos. Similar situación atravesó la gente en la Bethania zona 7, quienes no se pudieron movilizarse por El Periférico, hacia el Trébol y el centro capitalino.

Otro problema representó la paralización de la importante ruta 40 que transporta gran cantidad de pasajeros desde Mixco, la zona 19 y hacia las zonas 1, 4, 7, 9, 10, 13. Igualmente por ausencia de buses en las rutas 10 y 11 desde Mixco. Por falta de unidades en la ruta Unión, las personas en la zona 5, 4, 6, 13 y 16 también atravesaron el calvario del usuario.

Seguridad, diésel y subsidio

Los pilotos reconocieron que causaron atrasos para los usuarios y que fueron dí­as apremiantes, pero justificaron que hay varias razones que los agobian, entre ellos el precio del diésel debido a que como dependientes siguen manteniendo ese costo, antes de cumplir con la recaudación de cuotas para el empresario desde Q100 hasta Q250 diarios, y, hasta el final completar el salario del piloto.

En el inicio de esta semana, aparentemente con el problema resuelto, indican que la mayorí­a no dejan de ser presas de las extorsiones, no están libres del pago del impuesto mensual a esos grupos anónimos. A pesar de la presencia de Policí­a en algunas rutas, los asaltos a buses son latentes, agregan.

Asimismo protestan por la falta de seguro, prestaciones laborales, pago de seguro social, por no contar con escala salarial justa y estar alejados del beneficio del subsidio, que el Estado ha entregado a los cooperativistas durante años, mientras algunos asociados cuentan con 5, 10, 15 y hasta más unidades de las cuales cobran el aporte estatal pero no todas son puestas al servicio de la población.

Lí­deres de las asociaciones cooperativistas del servicio urbano de pasajeros, aseguraron que están en mesa de diálogo para encontrar soluciones, entre ellas la desgastada propuesta de la tarjeta prepago.

En las pocas reuniones que han sostenido, participaron la Procuradurí­a de Derechos Humanos, pilotos, representantes empresariales y del organismo ejecutivo con la esperanza que durante este mes, se sumen otros actores determinantes y así­ avanzar en las soluciones de fondo para evitar contratiempos futuros para el usuario, indicaron.