En el último debate presidencial los tres candidatos asumieron un compromiso con las regalí­as de la minerí­a y mientras Baldizón dijo que deben pagar el 50%, Pérez Molina dijo que 40% y hasta Suger, mucho más conservador, dijo que debe ser el 35%. Se trata de un compromiso público que debemos saber exigir los ciudadanos, con aquello de que si no cumplen, tenemos derecho a pedirles que se vayan a su casa por estafar la voluntad del pueblo.

Ahora mismo es absolutamente necesario que los candidatos hablen sobre el manejo de los recursos financieros del Estado y qué harán con los multimillonarios fideicomisos, la contratación de ONGs para realizar la obra pública o el uso de instituciones internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones que sirven, en TODOS los casos, para evadir los controles y auditorí­as que la misma Constitución ordena.
 
  Colom en su momento criticó los fideicomisos, pero una vez en el poder los siguió engordando y no hubo forma de que se pudieran fiscalizar. Sólo los de la Municipalidad de Guatemala son un verdadero escándalo del que poco o nada se dice y los ciudadanos los aceptamos como si fuera una genialidad en vez de entender que se trata de la mayor mañoserí­a de la historia financiera del paí­s.
 
  Los candidatos tienen que hablar de los candados para evitar esas transferencias que hacen que se le pierda la pista al dinero y que con el mismo se puedan hacer micos y pericos. Yo creo que todos y cada uno de los candidatos tienen que hacer una formal declaración respecto a esos temas puntuales y decirnos qué hará con el manejo de los recursos públicos. Si alguien dice que seguirá usando fideicomisos y aún así­ se le elige, la responsabilidad será del pueblo que le dio su voto. Pero si alguien dice que no buscará subterfugios como esos y como la contratación de entidades como la OIM y el mismo PNUD que esconden datos bajo el falaz argumento de su condición diplomática, tendrá que cumplir so pena de que la gente lo exija hasta con la idea de revocar el mandato. Así­ es como debe funcionar la democracia y así­ es como los ciudadanos tenemos que entender la participación ciudadana, no como un simple ejercicio pendejo de ir cada cuatro años a depositar un sufragio que al final de cuentas no dice nada y significa menos porque el electo se siente investido con el poder de hacer lo que se le ronque la gana.
 
  Uno se puede imaginar la dimensión de los negocios que se hacen así­, de esa manera encubierta, puesto que sabemos que la misma Contralorí­a de Cuentas es una entidad inútil que ni controla ni audita los grandes negocios. Pero los que se hacen por medio de fideicomisos o contratando instituciones internacionales son de tal calibre que hasta el escrutinio público se trata de evitar y por ello, para desviar millones a los paniaguados del régimen o del Municipio, se escudan en secretos bancarios o diplomáticos para mantener al pueblo alejado del conocimiento del destino que se está dando al dinero público.
 
  Si antes los confidenciales eran un escándalo, al punto de que hubo necesidad de una reforma constitucional para quitarlos, ahora las transferencias de dinero de los fondos secretos del Ejército les sustituyeron y, peor aún, se inventaron esas mañas de usar fideicomisos y contratar a entidades internacionales con el fin de hacer absolutamente impune el delito de la corrupción en el paí­s. Tan impune que ni siquiera se puede tener acceso a ningún dato porque los bancos se cierran en su secreto y las entidades extranjeras en su privilegio diplomático. Con todo ello, ni cuenta nos damos de cuánto roban.