Hoy la coalición UNE-Gana tendrá que presentar su apelación luego de la resolución que le denegó el Amparo dictada por la Corte Suprema de Justicia, fundamentando de manera muy clara la negativa a permitir la inscripción de su candidata presidencial en acatamiento de lo que manda la Constitución de la República de Guatemala. Esa apelación, presentada ante la misma CSJ, pasará en alzada a la Corte de Constitucionalidad, que deberá resolver en definitiva.

La contundencia de los argumentos legales debiera dejar poco espacio para la duda y aunque el Ejecutivo puso sus peones para votar a favor de la ya anunciada candidatura de la señora de Colom, el curso de los acontecimientos y, sobre todo, lo consistente y contundente de los fallos del Tribunal Supremo Electoral, máxima instancia en la materia, y de la Corte Suprema de Justicia que por la abrumadora mayorí­a de 12 contra 1 denegó el Amparo, hace pensar que no será fácil que la Corte de Constitucionalidad vuelva a cometer el desaguisado de aquella resolución que ordenó la ilegal e inconstitucional inscripción de Efraí­n Rí­os Montt, misma que fue debidamente objetada por la pareja Colom en aquellos dí­as.
 
  Debemos suponer que en los próximos diez dí­as los guatemaltecos tendremos ya la resolución final de este caso que ha sembrado en algunos incertidumbre. No es extraño que haya gente que exprese que debieran dejar que participe la señora Torres, porque al fin y al cabo vivimos en un paí­s que no se caracteriza por el respeto a la ley ni a la misma Constitución que es constantemente vulnerada por particulares y servidores públicos. Los preceptos de la Carta Magna son poco importantes para la población que no está acostumbrada a vivir su respeto ni mucho menos a demandarlos de manera cotidiana y permanente.
 
  Pero no es cierto que la voz del pueblo sea más importante que la ley vigente. Si se quiere reformar la ley y permitir una dictadura personal o familiar, hay que iniciar el proceso para reformar las normas que impiden que se puedan afincar dinastí­as en el paí­s. Puede ser que en determinado momento una mayorí­a así­ lo quiera, pero primero tendrí­an que imponer su criterio a través de las reformas legales para abrirle la puerta a un modelo polí­tico que permita que los gobernantes se hereden los puestos unos a otros, con o sin el consentimiento de la población.
 
  Las leyes están hechas para ser respetadas y los órganos de justicia para asegurar su cumplimiento. Dentro de esa lógica no caben dudas sobre cuál debe ser el fallo de la Corte de Constitucionalidad, aunque los votos disidentes de por lo menos una magistrada titular y de algunos suplentes hay que darlos por descontados porque precisamente para eso fueron designados.

Minutero:
Definir la situación
es ya una obligación‭;
y es que al empecinamiento
le ha de llegar su momento