Así como creo que el general Efraín Ríos Montt no podía haber sido inscrito como candidato presidencial en la elección pasada, entiendo que el Tribunal Supremo Electoral no tenía otro recurso que el de inscribirlo como candidato a diputado de conformidad con la ley en el actual proceso porque no existe ningún impedimento para su participación. Y lo digo porque aun entendiendo las razones del malestar de las organizaciones de derechos humanos y de quienes se sienten agraviados por el papel del dirigente del FRG como Jefe de Estado, no se puede esperar que así como hace cuatro años se retorció la ley para inscribirlo, ahora se haga lo mismo para impedir su inscripción.
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No existe entre los impedimentos para optar al cargo de diputado al Congreso de la República ninguno que se aplique a la situación actual de quien como dictador gobernó al país en los años 1982 y 1983. Cierto es que existe en su contra un proceso iniciado ante la Audiencia Nacional de España, pero aun existiendo una orden de captura internacional, Ríos Montt está en el goce de sus derechos políticos en Guatemala y como tal, habiendo sido postulado por su propio partido político como candidato a diputado, obligó al Tribunal Supremo Electoral a extender no sólo la credencial como candidato, sino a extenderle la inmunidad que trae consigo esa inscripción.
El problema que yo veo es que las críticas dirigidas contra el TSE por este caso son totalmente infundadas desde el punto de vista legal y no hacen sino minar la institucionalidad del proceso. Aun gozando de inmunidad, Ríos Montt no está libre de los procesos que en su contra puedan realizarse porque la ley establece los procedimientos para que los mismos puedan continuar.
En otras palabras, no hay que confundir inmunidad con impunidad, aunque en la práctica nuestro sistema tan orientado a garantizar la impunidad haga que ambos conceptos terminen siendo lo mismo. Pero el caso es que la impunidad de Ríos Montt no tiene nada que ver con la inmunidad que ha gozado como diputado ni con la que goza actualmente como candidato a ocupar una curul en el Congreso. Recordemos que en Chile, donde también el general Pinochet se trató de proteger en la inmunidad que le daba la mañosa designación como senador vitalicio, que él mismo se recetó, no sirvió cuando el sistema judicial cumplió con su deber y terminó retirándole la inmunidad para permitir que fuera sometido a juicio, aunque fuera por delitos de enriquecimiento ilícito antes que por los crímenes de lesa humanidad que cometió.
Yo sigo pensando que los grupos que quieren el procesamiento de Ríos Montt tienen que insistir en poner a prueba nuestro propio sistema de justicia. Pueden apelar a la justicia extranjera, comprometiendo la soberanía del país, pero de todos modos si nuestros jueces y magistrados se alinean para defender al tirano, lo van a mantener al margen de cualquier proceso local o internacional. Es preciso que se insista, con argumentos jurídicos de peso, para demostrar los crímenes cometidos que no están sujetos al beneficio de ninguna amnistía ni perdón porque puedan ser de lesa humanidad, enmarcados en normas claras y precisas que impiden el perdón para tal clase de atrocidades.
Por ello pienso que la alharaca no es el mejor camino y la crítica infundada al TSE, que no tenía otra opción que inscribir al dictador, no ayuda a esclarecer correctamente el caso.