Lic. Mario Roberto Guerra Roldán
Todos los estudiosos del Derecho y aun los que no están inmersos en esta disciplina, sabemos que constituye un freno que actúa sobre los instintos egoístas del hombre, como un medio para evitar la anarquía, ya que su función y misión es la de garantizar la coexistencia pacífica de los seres humanos y mantener la armonía en sus actos, equilibrando y disciplinando la conducta, para hacer posible la vida en común.
De lo anterior se infiere, que el Derecho es un instrumento idóneo para obtener y mantener el bienestar común y coadyuvar al desarrollo y progreso de las comunidades que integran y conforman las naciones del orbe.
Para realizar tales propósitos, el Derecho se concreta y aplica mediante normas abstractas, escritas y consuetudinarias, que como las de la moral, regulan la conducta humana. Sin embargo, entre la moral y el Derecho, así como entre éste y las reglas del trato social y los preceptos religiosos, existen diferencias sustanciales. No vamos a analizar y profundizar acerca de estas diferencias, pero haremos hincapié en una característica que afirma la individualidad y esencia de lo jurídico.
Esta característica esencial del Derecho es la de imponerse incondicionalmente, contando o no, o a veces, en contra de la voluntad del sujeto obligado. Es lo que llamó el ilustre jurista mexicano Eduardo García Máynez, la imposición inexorable de la norma jurídica.
Escribí esta que, podríamos llamar, divagación jurídica, sin el ánimo de impartir cátedra -se trata de principios elementales de la ciencia jurídica- para referirme a la difícil situación en que se encuentra el Tribunal Supremo Electoral para imponer la autoridad que la ley le confiere.
Si bien existen sanciones en la Ley Electoral y de Partidos Políticos para quienes infrinjan sus normas, éstas son tan blandas que ni siquiera se les teme. Como consecuencia de tal blandura, los partidos políticos y/o sus candidatos contravienen, sin ningún escrúpulo, las prescripciones legales en materia electoral. Lo vimos con la propaganda anticipada, lo estamos presenciando y seremos testigos en el futuro cercano, que seguirán violando la ley, especialmente en lo que se refiere al origen y manejo de los fondos que reciben para sus campañas electorales.
De lo expuesto, conjeturamos que el proceso electoral podría realizarse en un ambiente de anarquía, por la ausencia de normas eficaces que sancionen las infracciones que cometan los políticos. Es decir, que los preceptos electorales vigentes carecen de la suficiente coercibilidad que le da carácter propio al Derecho.