Identificar a las organizaciones sociales, especialmente los sindicatos, como entes colectivos de decisión y participación no es nuevo, ni tampoco solo de Guatemala. Alrededor del mundo estas organizaciones, cuando se manifiestan, alcanzan regularmente éxitos masivos, al condicionar sus intereses a múltiples factores, algo que inclusive a veces raya en el chantaje.
La semana anterior, maestros y salubristas dieron un ultimátum al gobierno, pero en realidad era a la sociedad; las demandas magisteriales, principalmente fueron evidentes, aunque el sistema de salud también amenazó con paros, huelgas, y sobre todo, con interrupción de otros servicios, que ni siquiera están a su alcance o poder. Manifestar pacíficamente y exigir los derechos laborales es una garantía que jamás puede ser restringida, pero pasar de ello a limitar otros derechos, como el de la locomoción, la industria, el comercio y similares, los lleva no sólo a considerárseles chantajistas, sino también actores de la comisión de delitos. A partir de ahora entonces, todos a manifestar y bloquear principales arterias o caminos, que el resultado será positivo sin importar cuántos derechos de terceros se pueda pisotear.
Pero en Guatemala, pareciera que lo peor de esto, es cuando se cuenta con la aquiescencia de las autoridades públicas, desde su particular campo -salud o educación- hasta aspectos de seguridad pública, seguridad vial o la propia economía productiva del país. Se deja de dar clase o atender a pacientes, y los Ministerios de Educación y Salud, no les importa o bien lo apoyan. Y los encargados de liberar las calles y evitar aglomeraciones, se ausentan premeditadamente para coadyuvar con el caos creado, y la desesperación de comerciantes y transeúntes. Todo organizado y la mesa servida para legisladores, y el aumento salarial. Ni un Congreso fuerte desde el partido de gobierno, ni una supuesta oposición, hacen eco de la sociedad y la población, sino se someten al chantaje y la condición de levantar las movilizaciones, reanudar los servicios, y otorgar aumentos de sueldo. Todos los actores negativos, contentos; y la sociedad, sometida.
El origen de este chantaje, se basa en la época del movimiento; estratégicamente seleccionado por un liderazgo negativo de los sindicatos, ningún partido político en esta etapa quiere a un colectivo sindical en su contra; al contrario, quiere todo el apoyo político posible y sobre todo el gobierno, lo que menos quiere es enfrentar un problema social, quizá laboralmente justo, pero encaminado a un proceso o mecanismo ilegal e inmoral. Y esperar que la SAT haga su máximo esfuerzo y alcance metas imposibles de recaudación, se convierte en una ilusión que lo que refleja es incapacidad en su entero por el Estado, condenando al país a más deuda pública para atender los compromisos adquiridos.
Así, el Estado se maneja sin liderazgos políticos o sociales; sin Estadistas como autoridades para visualizar escenarios de política pública y sus soluciones; y con una sociedad tolerante, que permite y acepta cualquier imposición que se haga. Las expectativas de mejora hacia un desarrollo integral entonces, son casi nulas, con estas o futuras autoridades. Que Dios socorra a Guatemala, porque parece que los propios guatemaltecos no lo haremos.