En esta columna hemos insistido que el principal problema del Estado es el desorden y el aprovechamiento de los cargos públicos, ocupados por gente poco profesional, antiética y en pocas palabras: aprovechada.
Un excelente reportaje publicado por Prensa Libre, el domingo pasado, así lo demuestra. El mismo lleva como título “Ley de servicio civil es obsoleta: Sueldos a discreción”, y fue elaborado por Lucía González.
Tomando ventaja de la Ley de Acceso a la información, se ilustra al lector sobre la falta de simetría y justicia en los sueldos en el sector público, tanto del gobierno central, como de las entidades autónomas, y sobre todo en las municipalidades del país, en donde la palabra “autonomía”, se confunde con “autarquía”; y los concejales y síndicos consideran islotes a sus entidades, abstraídas de la coordinación que debe existir en todo el sector público.
Una buena cantidad de los sueldos de los principales jerarcas de los entes autónomos está rondando la cifra de los Q100 mil al mes, siendo dignos de subrayar los del Presidente de la Corte de Constitucionalidad, el Procurador de los Derechos Humanos, el Registrador de la Propiedad, y le siguen una buena cantidad de magistraturas de todo tipo que se embolsan notables emolumentos, no acordes con lo magro de los resultados en sus instituciones.
Se observa en Guatemala un claro desdén por la Reforma del Estado: hay duplicidad de funciones en las instituciones, desigualdad en las remuneraciones, poca profesionalización en la mayoría, una alta rotación de puestos de trabajo, poca uniformidad en los criterios para remunerar y, además, gamonales pactos colectivos de condiciones de trabajo que inflan año con año los presupuestos.
Uno de los más claros ejemplos de la falta de racionalidad y lógica en el plano de las remuneraciones ha sido el último incremento a los empleados del Organismo Judicial: los medios destacaron un alza pareja, a cada uno, incluyendo por supuesto a los magistrados, equivalente a Q800 mensuales; como si la capacidad adquisitiva de cada uno fuera la misma. Eso en cualquier parte del mundo es visto como injusto, inequitativo a contra corriente con los principios administrativos que debieran regir en el Estado.
Durante mucho tiempo se ha venido hablando del Servicio Civil, y ello debiera ser un componente central de cualquier Pacto Fiscal, Modernización del Estado, o como quiera llamársele. Incluso, en el tema municipal se han erogado grandes cantidades de recursos en consultores internacionales para el diseño de un Sistema de Servicio Civil Municipal. Sin embargo, los incentivos en esos ámbitos viajan en el orden de “a río revuelto, ganancia de pescadores”.
Paralelamente a lo anterior, una noticia del día lunes menciona el tema de la gran cantidad de recursos que el Organismo Judicial eroga, mes con mes, por los viajes de sus magistrados, a diferentes partes del mundo. Tan sólo desde enero se han erogado Q1.6 millones en concepto de pago de pasajes y de viáticos.
Y como si lo anterior fuera poco, elPeriódico, en su edición del pasado lunes, menciona las lujosas residencias y propiedades compradas en tan sólo 15 meses de gestión en el Ministerio de Comunicaciones, por el exviceministro Byron Pivaral En el reportaje se menciona la telaraña de relaciones empresariales que los “constructores” tienen tomando ventaja de los aportes constitucionales, IVA-PAZ y demás asignaciones.